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La Comunidad acorrala a Puerto Mayor
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25.06.17 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Instalaciones inacabadas de Puerto Mayor, en una imagen reciente. Al fondo, Isla Grosa. FOTO: J. M. RODRÍGUEZ

Anula la prórroga para ejecutar las obras otorgada en 1988 y avanza hacia la nulidad de la concesión

El Gobierno regional aún tiene que desactivar una orden de Medio Ambiente de 2003 y el permiso del proyecto original de 1975

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la promotora para actualizar la autorización

Otro nudo desenredado en la complicada madeja jurídica de Puerto Mayor, el complejo portuario de recreo autorizado en 1975 al entonces todopoderoso empresario Tomás Maestre –fallecido en 2013– cuyas instalaciones inacabadas ocupan más de un kilómetro de playa en el centro de La Manga. La Comunidad Autónoma ha declarado nula la resolución que en 1988 amplió «de forma irregular» tanto el plazo de concesión como el periodo de ejecución de las obras y la magnitud del proyecto, que originalmente contemplaba la construcción de 900 puntos de amarre, 2.000 viviendas, campo de golf y un aeródromo junto al Canal del Estacio. Una ambiciosa aspiración propia del desarrollismo de hace varias décadas de la que hoy solo queda una estructura de acero putrefacta que encierra una superficie de 25 hectáreas.

La orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, que ya ha sido notificada a las partes implicadas, se apoya en un informe de los servicios jurídicos de la Administración regional que desmonta la tramitación del entonces Gobierno socialista de Carlos Collado.

Sin informe de Costas

Por varios motivos. En primer lugar, por «haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». En segundo lugar, por llevar el expediente la firma del director general de Carreteras y Puertos, y no del consejero. En tercero, por carecer de declaración de impacto ambiental y proyecto visado. Y por último, por no contar con el «informe preceptivo y habilitante de Costas», imprescindible por ocupar el futuro puerto terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Una cadena de despropósitos administrativos, según el Gobierno regional, que devuelve Puerto Mayor a su proyecto original de 1975, cuando fue aprobado por el Gabinete de Franco. Sin embargo, la hoja de ruta de la Comunidad para tomar el control de esta fallida infraestructura aún tiene que superar otros dos escollos. El primero de ellos, anular la orden de Medio Ambiente del año 2003 –con Valcárcel en San Esteban– que reactivó la concesión y permitió iniciar las obras.

La Consejería considera factible desactivar un permiso basado en una declaración de impacto ambiental favorable pese a los informes en contra de la Dirección General del Medio Natural, Universidad de Murcia, Dirección General de Costas del Ministerio, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción, organismos que advertían de que la construcción de Puerto Mayor alteraría la hidrodinámica y reduciría la entrada de agua al Mar Menor desde el Mediterráneo en un 30%.

Una vez desatado este segundo nudo, quedará el tercero y definitivo, pero quizá el más complejo: declarar la caducidad de la concesión otorgada hace 42 años a la sociedad Puerto Mayor SA para la construcción y explotación de las instalaciones. El plazo otorgado fue de 50 años, pero el argumento de la Comunidad para invalidarlo es que la empresa no ha ejecutado las obras en los periodos previstos, además de que las diferentes prórrogas se han basado en actos administrativos nulos.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, asegura a ‘La Verdad’ que no puede dar un plazo «porque se trata de un tema muy complejo que viene de antiguo, aunque es algo que queremos solucionar cuanto antes», advierte.

La Comunidad actúa inspirada por el dictamen del Consejo Jurídico, que apostó en enero pasado por defender «los intereses generales relacionados con la preservación del medio ambiente y de la integridad del dominio público costero como espacio abierto para el disfrute de la colectividad». También juega a favor del Ejecutivo regional la reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar un recurso de casación de Puerto Mayor SA con el que buscaba modificar las condiciones de la concesión para adecuarla a la directiva europea. El Supremo ha dictado que no existe contrato de concesión alguno sino una autorización para construir y explotar un puerto deportivo. Autorización que la Consejería trata ahora de dejar sin efecto para liberar definitivamente la Caleta del Estacio del laberinto metálico que la estruja.

(Publicado en 'La Verdad' el 25 de junio de 2017)

Comentarios (2)Add Comment
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escrito por Eugenio, junio 25, 2017
Un auditorio. Me da la risa. Creía que el negocio de los auditorios ya había pasado de moda. ¿Se puede pensar en otra que no sea cemento y ladrillos?
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escrito por CONTRERAS, junio 26, 2017
"La construcción de Puerto Mayor alteraría la hidrodinámica y reduciría la entrada de agua al Mar Menor desde el Mediterráneo en un 30%".Lo mismos organismos que se oponen a la entrada de agua del Mediterraneo.
Lo cual no deja de ser raro y contradictorio.


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