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El TSJ anula la adaptación urbanística de Águilas y Lorca a Marina de Cope
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03.11.16 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Playa solitaria en la Marina de Cope. FOTO: PACO ALONSO

Las 2.116 hectáreas destinadas a construir miles de viviendas, hoteles y campos de golf recuperan la condición de no urbanizables

«Es la puntilla definitiva a la urbanización», asegura el abogado ambientalista Eduardo Salazar

Los tribunales acaban de dar un golpe de gracia a la pretendida macrourbanización de Marina de Cope, en la costa de Águilas y Lorca. El Tribunal Superior de Justicia  de Murcia (TSJ) ha anulado la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de estos dos municipios para adaptarlos a la construcción de un gran ‘resort’ turístico con 9.000 viviendas, veinte hoteles, seis campos de golf, varios centros deportivos de alto rendimiento y un puerto interior de 1.400 amarres sobre una superficie de 2.116 hectáreas: una llanura litoral de doce kilómetros de longitud entre Cabo Cope y el Lomo de Bas, salpicada de calas desiertas, en cuyo entorno se practica desde hace décadas la agricultura de alto rendimiento. Unas fincas que vuelven a ser no urbanizables.

Estos terrenos se mantenían hasta ahora en una especie de limbo legal. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012 que devolvió la condición de espacio protegido a la Marina de Cope, y la posterior anulación de la Actuación de Interés Regional (AIR) por parte del TSJ, la Comunidad Autónoma declaró «en suspenso» los planes generales hasta decidir de qué manera se trasladaba al planeamiento urbanístico la nueva situación legal. Una especie de huida hacia adelante mientras se asimilaba el derrumbe ante los tribunales de uno de los proyectos estrella del expresidente Valcárcel y se preparaba una estrategia de futuro. El Gobierno regional nunca renunció a construir la gran urbanización, aunque el mensaje oficial comenzó a incluir la coletilla «adaptada a la nueva realidad». 

Otro triunfo de Prolitoral

La sentencia del TSJ, emitida el pasado viernes 28, estima el contencioso administrativo interpuesto por Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa del Litoral (Prolitoral), asociación promotora de un frente legal para la conservación de este extenso tramo de costa libre de construcciones que comenzó en 2001 y que ha terminado con éxito. La decisión judicial admite recurso de casación ante el Supremo, pero los demandantes consideran que si se presenta no tendrá recorrido alguno, vistos los precedentes legales.

En sus fundamentos jurídicos, el TSJ reprocha a la Comunidad Autónoma que no justificase ni aportase información alguna sobre cómo afectaría al espacio natural la reclasificación como terrenos urbanizables de buena parte de la extensión del Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre. Y llama la atención sobre la inseguridad jurídica causada a los propietarios de terrenos, dueños de fincas adyacentes «y ciudadanos en general», que tienen derecho al «disfrute presente y futuro de los valores medioambientales», según el texto legal.

«Es la puntilla definitiva a la urbanización de Marina de Cope», asegura a ‘La Verdad’ el abogado ambientalista Eduardo Salazar, letrado de Prolitoral. «Se ha hecho justicia y siento una enorme satisfacción personal y profesional porque hemos conseguido desmontar un concierto del Gobierno regional con un grupo de grandes empresarios, entre ellos Iberdrola, para urbanizar un parque regional», declara satisfecho.

La Comunidad Autónoma confiaba en que sí fuera posible un proyecto urbanístico más reducido. También el alcalde de Lorca, Francisco Jódar (PP), quien se refirió la semana pasada a Marina de Cope como «una riqueza pendiente de poner en funcionamiento» en la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional, aunque admitió que sería necesario conocer antes «el resultado de los recursos judiciales». La alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno (PSOE), siempre mantuvo que correspondía al Gobierno regional solucionar el embrollo administrativo que supone tener planes urbanos adaptados a una actuación turística de gran tamaño que los tribunales habían invalidado.

El dictamen del TSJ ha resuelto el conflicto anulando «por no ser conformes a derecho» dos órdenes de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 2011 y 2012, por las que se aprobaron definitivamente las modificaciones de los planes generales de Águilas y Lorca.

Aunque la batalla legal de Marina de Cope continúa, centrada ahora en la demanda patrimonial de 255 millones por lucro cesante que exigen a la Comunidad Autónoma nueve inversores. El TSJ ya ha desestimado la primera reclamación.

(Publicado en 'La Verdad' el 3 de noviembre de 2016)

Comentarios (1)Add Comment
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escrito por Vicente Mayo, noviembre 03, 2016
Sin duda buenas noticias para uno de los pocos tramos vírgenes de litoral. Ahora habría que hacer hincapié en los problemas y agresiones que sufre...

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