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La Comunidad se persona como acusación particular en el proceso contra Proambiente
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13.03.16 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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La consejera Adela Martínez-Cachá, en primer término, en una visita al vertedero de Abanilla en noviembre pasado. FOTO: NACHO GARCÍA

La Consejería quiere garantizar la restauración del vertedero de Abanilla «sin que cueste un euro a los murcianos»

Es la primera vez que la Administración regional actúa como parte interesada en un posible delito medioambiental

La Comunidad Autónoma se va a personar por primera vez como acusación particular en el caso de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El motivo, según el Gobierno regional, es más que justificado: el vertedero de Proambiente en Abanilla, unas instalaciones clausuradas por la Administración por la negligente gestión del empresario Ángel Fenoll y que se han convertido en un foco contaminante cuya regeneración ambiental es urgente. Y también cara. Estos son los motivos por los cuales la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha dado este paso hasta ahora inédito: garantizar que los trabajos de sellado se realizan de la forma más eficaz posible y además «no cuesten un euro a los murcianos».

La Administración regional está realizando de forma subsidiaria los trabajos de regeneración ambiental que debería estar acometiendo Proambiente, empresa que se declaró a principios de este mes en concurso de acreedores y que alega insolvencia para hacer frente a sus deudas. Ante el temor de que la mercantil aproveche esta circunstancia para eludir su obligación de regenerar los terrenos degradados por el vertedero, y que en parte afectan al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)Sierra de Abanilla, la Comunidad ha tomado la decisión de personarse en las actuaciones judiciales.

«Es esencial que la Comunidad Autónoma pueda solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Cieza medidas adicionales para asegurar las responsabilidades pecuniarias de la mercantil imputada mediante la ejecución de las fianzas o garantías que se hayan prestado en el ámbito penal; petición que solo puede ejercitarse si se es parte en el proceso penal», justifica un portavoz de la Consejería.

El Gobierno regional asegura que se ha visto en la obligación de ejercitar la acción penal como parte acusadora «y representante del interés público» no solo ante el «riesgo de grave perjuicio para el medio ambiente y la salud pública que está suponiendo el abandono de las labores de restauración de los emplazamientos», sino también porque «la falta de cumplimiento por la mercantil de sus obligaciones está ocasionando y va a requerir un desembolso enorme de dinero público que es preciso reintegrar cuanto antes, para lo cual resulta imprescindible que la Administración se pueda personar y pedir, a través del Juzgado, la ejecución del patrimonio de la mercantil causante del daño».

La Administración regional ya ha presupuestado dos millones para la ejecución subsidiaria de la restauración del vertedero, cantidad que pretende recuperar mediante la fianza de la familia Fenoll –3,3 millones avalados con sus inmuebles–, pero los costes de los trabajos de regeneración anbiental han aumentado de esta cantidad a 5,1 millones por el retraso de Proambiente en la extracción de lixiviados. Medio Ambiente ha retirado desde octubre 4.317 toneladas de estos líquidos pestilentes y altamente contaminantes producidos por la descomposición de los residuso sólidos. Estas actuaciones de emergencia han supuesto un coste de 292.478 euros, según confirmó la consejera Adela Martínez-Cachá a ‘La Verdad’. La Comunidad Autónoma, que ha conseguido ingresar 410.000 euros del depósito de Fenoll, también se ha dirigido en vía administrativa a la mercantil exigiéndole el pago de los gastos en los que tenga que incurrir en concepto de ejecución subsidiaria.

Medio Ambiente no quiere dejar ningún cabo suelto en un asunto que amenaza la salud pública y que además es seguido de cerca por las autoridades europeas: «La regeneración de un vertedero requiere una vigilancia durante treinta años, lo que puede suponer una carga aún sin valorar en este momento», aseguran a ‘La Verdad’ fuentes del Gobierno regional.

Por este motivo, la Comunidad Autónoma quiere desentrañar posibles entramados empresariales que puedan dificultar el cobro de las garantías a las que está obligada Proambiente. «Necesitamos conocer la relación, si la hay, de mercantiles interpuestas relacionadas tanto con la gestión de los residuos como con la propiedad, así como la necesidad de otras actuaciones relacionadas con la propiedad de los terrenos y empresas interpuestas en la gestión de residuos», añaden.

(Publicado en 'La Verdad' el 13 de marzo de 2016)

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