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El Consejo Jurídico rechaza la demanda de 255 millones de los inversores de Marina de Cope
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11.02.16 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Llanura de la Marina de Cope, con el cabo al fondo. FOTO: PACO ALONSO

El órgano consultivo de la Comunidad señala que los promotores conocían el riesgo legal del frustrado proyecto urbanístico en la costa de Águilas y Lorca 

Solo se reconoce a la Asociación de Propietarios una cantidad indemnizable de 392.351 euros, por gastos de funcionamiento

Los inversores que confiaron en construir 9.000 viviendas, veinte hoteles, seis campos de golf, varios centros deportivos de alto rendimiento y un puerto interior de 1.400 amarres en la Marina de Cope no tienen derecho a cobrar una indemnización por los beneficios que les hubiera procurado este gran complejo turístico, frustrado por las sentencias judiciales que pusieron en su sitio una planificación urbanística de la Comunidad Autónoma que terminó siendo ilegal. Así lo considera el Consejo Jurídico de la Región, el órgano consultivo del Ejecutivo autónomo para cuestiones legales, que en un dictamen aprobado por unanimidad el pasado lunes desmonta una reclamación patrimonial de los principales propietarios de terrenos por un montante global de casi 255 millones de euros. Solo les reconoce una cantidad indemnizable: 392.351 euros en concepto de gastos de funcionamiento, una partida que ya asumió el Gobierno regional hace ahora poco más de un año en una respuesta no oficial a los demandantes. La contestación definitiva quedó emplazada al informe del Consejo Jurídico, cuyos dictámenes no son vinculantes pero que dotan de consistencia legal algunas decisiones de la Comunidad Autónoma.   

En un informe de 112 páginas –el más largo emitido hasta el momento, también sobre el asunto más complejo que ha estudiado esta institución–, el Consejo desestima la demanda de la Asociación Colaboradora de Propietarios y de otros ocho reclamantes –como ya hizo la Consejería de Fomento– básicamente por dos motivos:

En primer lugar, porque no aprecia una relación de causalidad entre el daño económico alegado y las sentencias judiciales que hicieron inviable el desarrollo turístico –el mayor del Mediterráneo, según publicitó hace una década el Gobierno regional–. Ni siquiera teniendo en cuenta que el proyecto fue impulsado por la Administración, a la que tampoco puede imputarse, según el informe, su errónea planificación urbanística, corregida por una sentencia del Tribunal Constitucional. Una argumentación apoyada con sentencias del Tribunal Supremo. A la Administración no le corresponde indemnizar por «operaciones especulativas», puede leerse en el informe.

Aún en fase preliminar

En segundo lugar, el Consejo Jurídico considera que la Actuación de Interés Regional (AIR) se encontraba aún en una fase de tramitación preliminar cuando se produjeron las sentencias judiciales que la abortaron. Es decir, que en el año 2012 la Asociación Colaboradora de Propietarios –integrada por más del 50% de los titulares de los terrenos– solo tenía la condición de un grupo inversor privado con unos fines particulares. No se les considera entidad urbanizadora puesto que no llegó a aprobarse la ordenación pormenorizada a través de los planes especiales, ni se inició la gestión, y tampoco se adjudicó la urbanización. En el dictamen también se insiste en que los propietarios conocían el riesgo legal que corrían, puesto que cuando se constituyeron como asociación ya se había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional octava de la Ley del Suelo, la cláusula que desprotegió la llanura litoral destinada a albergar el complejo.

De este modo, «por constituir meras expectativas, se excluye la indemnización de los principales conceptos reclamados, tales como el mayor coste en la adquisición de terrenos rústicos, la pérdida de inversiones, la depreciación de los terrenos o la pérdida de la facultad de urbanizar», concluye el fallo.

Los inversores no lo ven así. Alegan ante el Consejo Jurídico que se embarcaron en este negocio de la mano de la Comunidad Autónoma, con la que firmaron acuerdos, y a la que ahora acusan de «práctica desleal» y «defectuosa actuación administrativa» por crear un marco jurídico favorable y después eludir sus supuestas obligaciones con quienes se consideran únicos perjudicados.

Entre las cantidades que exigen a la Comunidad no solo figuran los derivados de las compras de fincas, depreciaciones de las propiedades, previsiones de negocio fallidas y numerosos trabajos técnicos relacionados con el proyecto urbanístico, sino también viajes al Mar Rojo y Costa Esmeralda, además de análisis de mercado y estudios de márketing y comunicación. También comidas y gastos realizados con tarjetas de crédito.

¿Es posible aún un complejo turístico? Dependerá del plan de ordenación del parque


El origen del conflicto jurídico y económico de Marina de Cope hay que buscarlo en una práctica del Gobierno regional, en pasadas legislaturas, en el punto de mira de la justicia: la recalificación de espacios naturales protegidos para promover en ellos urbanizaciones –también Novo Carthago, la Zerrichera...–. Sin embargo, los desarrollos turísticos no están descartados en las áreas de interés ambiental, aunque estén amparadas por figuras legales de protección, siempre que los planes de ordenación los consideren compatibles con los valores naturales.

En el caso de la Marina de Cope, este espacio fue reintegrado al Parque Regional Cabo de Cope-Calnegre por el Constitucional en diciembre de 2012. Pero este enclave protegido no cuenta aún con Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), ni tampoco con plan de gestión de Red Natura 2000 que disponga cuáles son los usos compatibles en esta sucesión de calas desiertas donde, olvidado momentáneamente el sueño urbanizador –pesadilla para los movimientos ecologistas–, los cultivos de lechugas han avanzado hasta la misma orilla del mar.

La Comunidad Autónoma no renuncia a una nueva Actuación de Interés Regional adaptada a la nueva situación legal y redimensionada tras el pinchazo de la burbuja del ladrillo, pero la llave está en el PORN, cuya tramitación se inició en 2014 y que apenas ha avanzado. El informe preliminar con el que cuenta la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente considera «no urbanizable» todo el espacio protegido por sus importantes valores naturales –de flora y fauna– y también geológicos.

(Publicado en 'La Verdad' el 11 de febrero de 2016)

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