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El fiscal adivina en La Zerrichera a un 'señor X' «con capacidad de mando»
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24.12.15 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ / RICARDO FERNÁNDEZ
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Afirma que hubo alguien, «no identificado», que consiguió sincronizar las maniobras irregulares en las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas

El ‘caso Zerrichera’ de supuesta corrupción urbanística también se cerrará sin que -salvo excepcional sorpresa- se conozca formalmente quién fue el ‘señor X’ que consiguió coordinar a las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente para sacar adelante, de forma supuestamente ilegal, la recalificación urbanística de una finca de Águilas que estaba protegida por hasta cuatro figuras legales diferentes.

El Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, acaba de presentar su escrito de acusación provisional, en el que expresa su convicción de que debió de existir una persona «con capacidad de mando», que la investigación no ha permitido identificar, y que fue quien consiguió «la unidad de mando» que permitió sacar adelante esa recalificación.

«Por razones y motivaciones no esclarecidas se consiguió la llamada ‘unidad de mando’ por parte de una persona no identificada y que tenía dicha ‘capacidad de mando’, quien consiguió ‘sincronizar’ a favor de ese proyecto urbanístico del Grupo Hispania toda la maquinaria burocrática-administrativa de las consejerías implicadas (Medio Ambiente y Obras Públicas), mediante los cargos funcionariales de libre designación», sostiene el representante de la Fiscalía Superior en su escrito.

Al margen de quién fuera el misterioso ‘señor X’, lo cierto es que la acusación del Ministerio Público solo ha alcanzado a cinco cargos intermedios de ambas consejerías, que como se dice en el argot policial son quienes están teniendo que ‘comerse este marrón’: el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez; el exjefe de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; la ex directora general de Medio Natural, Encarnación Muñoz Martínez; el ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; y el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada.

A los dos primeros les atribuye sendos delitos continuados de prevaricación y otro de falsedad documental y les pide penas de cuatro años y medio de cárcel y otro tanto de inhabilitación (a Alvarado) y de cuatro años de prisión y los mismos de inhabilitación (a Sánchez Gelabert).

A los tres restantes les atribuye sendos delitos continuados de prevaricación y reclama penas de 10 años de inhabilitación para Encarna Muñoz y de ocho años y medio de inhabilitación para Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas.

«Intereses particulares»

En su relato de hechos, el Fiscal Anticorrupción afirma que la finca rústica La Zerrichera, situada en el municipio de Águilas, «gozaba en el año 2003 de una fortísima protección medioambiental y urbanística y pese a ello, y por intereses meramente particulares, fue objeto de un proyecto de reclasificación para la edificación de unas 4.000 viviendas y campo de golf».

Especifica el acusador público que las figuras de protección de las que disfrutaba ese paraje eran las de Lugar de interés Comunitario (LIC), Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), Área de Protección de Fauna Silvestre y Área de Sensibilidad Ecológica.

El primer intento del Grupo Hispania de lograr la recalificación de la finca se vio frustrado por los informes desfavorables de la Consejería de Medio Ambiente, que obligaron al Ayuntamiento de Águilas a archivar el expediente urbanístico en agosto de 2004.

Sin embargo, meses después, y sin que mediara petición alguna del promotor, «los acusados Antonio Alvarado y Encarna Muñoz actuaron de común acuerdo para consumar su ilícito y arbitrario propósito (de recalificar como urbanizables esos terrenos) y reactivaron el procedimiento de reclasificación». Un propósito al que habrían contribuido decisivamente los otros tres acusados.

(Publicado en 'La Verdad' el 24 de diciembre de 2015)

Comentarios (3)Add Comment
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escrito por Navarro, diciembre 29, 2015
Pero alguna de esas medidas de protección estaban inscritas en el registro de la propiedad. Alguna había sido notificada a los propietarios. Se había pagado por esas nuevas servidumbres, cosa que no se hace en el caso de que no exista ninguna limitación al libre uso de la propiedad. Claro que si alguien haciendo uso de su poder supremo, decide cual es el uso de la propiedad, desde un despacho.... Igual el mismo al dia siguiente se levanta y decide que el uso es otro. Pero eso esta claro que es autocracia, y para esos viajes, no hace falta tanta democracia, ni tantos políticos. No se puede poner en manos de una persona o grupo de personas, el poder de decidir sobre los bienes y la hacienda de los ciudadanos. A mas poder, mas lio, y entonces aparece la corrupción. Sobre todo si con una firmita, algo que tiene un valor negativo, pasa a valer cientos de millones.
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escrito por Señor X, diciembre 29, 2015
Todos hemos visto las suficientes películas de mafiosos para saber quién es el Señor X. Otra cosa es poder demostrarlo ante un juez. Como sí el Señor X fuera tan gilipollas como para salir en los papeles, para eso estaban los subordinados que serán los que se coman el marrón y los cuales no hablan porque evidentemente ya han comprado su silencio.

El Señor X se escribe con V, el Vito Corleone de la Huértica, el único que ha mandado en la Región los últimos años y el único que podía tener una unidad de mando. El mismo que se pasea en una Jubilación Erasmus de lujo.
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escrito por Medio Natural, diciembre 29, 2015
De Medio Natural solo va la directora?

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