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El Constitucional devuelve las Salinas de San Pedro del Pinatar al dominio público
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13.11.15 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Trabajadores en las Salinas de San Pedro del Pinatar. FOTO: GUILLERMO CARRIÓN

El TC anula varios preceptos de la Ley de Costas de Arias Cañete tras estimar en parte un recurso del PSOE, pero mantiene las concesiones a 75 años

La explotación salinera del Mar Menor queda en un «limbo legal», según su director

Las salinas vuelven a ser un espacio público. Esta es la principal conclusión de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que estima en parte un recurso presentado por el PSOE a la reforma de la Ley de Costas que impulsó en 2013 el exministro Miguel Arias Cañete (PP), actualmente eurodiputado. El fallo judicial, conocido ayer, anula un artículo y tres disposiciones «inconstitucionales» por reducir la protección efectiva del litoral, pero mantiene el grueso del texto legal, con medidas como la ampliación de las concesiones a viviendas en primera línea de playa durante 75 años, el nuevo régimen de actividades permitidas en las playas y la reducción de la zona de servidumbre, que pasó de 100 a 20 metros en núcleos de población.

El Constitucional enmienda la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 para dejar sin efecto la reducción del dominio público en la isla de Formentera, la legalización de una depuradora construida por Medio Ambiente en Cantabria –que el Supremo ya había declarado ilegal– y la exclusión de las salinas del dominio público marítimo-terrestre.

En uno de los apartados más controvertidos de la reforma legal de hace dos años, se devolvía a sus antiguos propietarios las zonas «que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto». Pero el TC señala ahora que la «incongruencia del legislador» hace «evidente la arbitrariedad» de esta exclusión de las salinas o cultivos marinos «porque se han ganado al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y de terrenos desecados en su ribera y que integran el dominio público, pese a que lo sean por causa artificial».

En la Región, el fallo del Constitucional afecta de forma desigual a las tres explotaciones salineras que se encuentran en el litoral: no tiene incidencia en las del Rasall –en Calblanque, fuera del dominio público tras un pleito de sus propietarios con Costas del Estado–, sí en parte de las de Marchamalo (en La Manga, inactivas) y en la totalidad de las de San Pedro del Pinatar, con la particularidad de que éstas son las únicas que forman parte de una explotación industrial en activo y además están dentro del Parque Regional al que dan nombre. De hecho, las balsas salineras son el corazón del espacio protegido, 800 hectáreas de acceso restringido donde crían numerosas especies de aves acuáticas.

El revés del Constitucional a la Ley de Costas agudiza la situación de «limbo legal» en la que se encuentran las Salinas de San Pedro del Pinatar, explicó ayer a ‘La Verdad’ su director, Julio Fernández. El deslinde de Costas que llevó a cabo el Gobierno del PSOE en 2011 supuso la expropiación a Salinera Española, una sociedad de capital mallorquín que también es propietaria de salares en Ibiza. La reforma legal de Cañete les devolvió dos años después la propiedad de las salinas, pero solo en teoría porque nunca llegó a ejecutarse el acto administrativo de reposición. El fallo del TC que sitúa de nuevo las salinas en el dominio público les deja otra vez en una situación de incertidumbre.

«Podremos seguir con nuestra actividad, lógicamente, pero como la expropiación no nos compensa económicamente, lo lógico es que nos otorguen una concesión minera de 30 años renovable», explica el director de las Salinas de San Pedro, quien recuerda que aún no se ha resuelto el contencioso interpuesto por Salinera Española contra el deslinde del Gobierno de Zapatero de la anterior legislatura.

Las Salinas de San Pedro han pasado del patrimonio público al privado varias veces a lo largo de su historia. Afectadas a mitad del siglo XIX por la desamortización de Madoz, fueron adquiridas por el empresario gallego Manuel García Coterillo en 1880, quien a su vez las vendió en 1905 a la Mancomunidad de las Salinas Marítimas de San Pedro del Pinatar. Salinera Española las compró a esta entidad en 1920. 

(Publicado en 'La Verdad' el 13 de noviembre de 2015)

Comentarios (1)Add Comment
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escrito por Navarro, noviembre 14, 2015
Vamos lo ha dejado claro. No existe seguridad jurídica. No invierta en mantener de forma sostenible, por que no son suyas, por mucho que las compraran de forma legal. Las desamortizaciones no tienen valor legal. Ufff, un pastel de aupa.

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