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El abogado de las causas (no tan) perdidas
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04.10.15 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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ILUSTRACIÓN: ALEX

Eduardo Salazar, experto en Derecho Ambiental, está detrás de la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la recalificación urbanística de Joven Futura

Defensor habitual de grupos ecologistas, el letrado murciano ayudó a tumbar la AIR Marina de Cope y a paralizar el ‘parking’ de San Esteban

Al abogado Eduardo Salazar Ortuño (Murcia, 1976) no lo contratará nunca un imputado en un caso de corrupción urbanística. Ni un implicado en una causa en la que se atente contra el medio ambiente. Porque este letrado de gesto serio y pocas palabras se ha especializado precisamente en defender a los afectados por los estragos del ladrillo y otras causas verdes y supuestamente perdidas que, sin embargo, termina ganando. Esta semana se ha sabido de él por la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el proceso por el que se levantó en Espinardo la urbanización Joven Futura. Una cooperativa de viviendas construidas sobre terrenos protegidos de huerta que ocupan casi 1.500 familias. Eduardo Salazar, con la colaboración de los abogados Ginés Ruiz y Encarna Caravaca, defendió a un irreductible grupo de vecinos de la Senda de Granada que se resistieron a vender sus propiedades y que, diez años después, han obtenido una victoria judicial en la que siempre habían creído.

Pero no era un caso fácil. A Eduardo Salazar fueron a buscarle después de que en varios despachos de abogados les dijeran que no había nada que hacer. Él aceptó el reto por dos motivos: por la dignidad que vio en esos «galos contra el Imperio Romano, como en los cómics de Astérix», y porque confiaba en que la evaluación de impacto ambiental desecharía el proyecto. Pero la Comunidad Autónoma ni siquiera contempló ese trámite por considerar que en aquellas tahúllas solo había «limoneros abandonados». Su recurso contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia terminó dando en el blanco.

Por este tipo de agujeros negros administrativos se centró en una vertiente social y ambiental del Derecho aún poco desarrollada en la Región: «Me llamaba la atención que tuviéramos un río tan contaminado y que hubiera tantas leyes medioambientales que al final no sirven para nada. Y comencé con un asunto de vertidos en el Segura», recuerda. Después intervino en otros casos de gran impacto mediático, como la paralización de las obras del ‘parking’ de San Esteban, que estuvo a punto de construirse sobre un barrio árabe; y la suspensión de la Actuación de Interés Regional (AIR) Marina de Cope, el gran desarrollo turístico proyectado en la costa aún sin urbanizar de Águilas y Lorca.

Aunque no todo han sido victorias. A este tipo que apenas se da importancia y no retuitea los halagos le emociona rememorar un contencioso que querría haber ganado por encima de todos: el de Violante y Pedro, dos ancianos de casi noventa años –en 2007– expropiados por el Ayuntamiento de Murcia para dejar paso a una nueva avenida. Ellos no querían el dinero, solo una vivienda de huerta similar a la suya para seguir ocupándose de sus limoneros y sus conejos. Pudo convencer al juez para que les proporcionaran una casa de planta baja, lo más parecida posible al hogar en el que habían vivido tantos años, pero el Ayuntamiento recurrió «de forma despiadada» y el TSJ le dio la razón. Violante falleció al poco de dejar su casa y Pedro vive hoy en una residencia.

Clientes humildes

Son estas historias con alma las que mueven a este abogado hijo de abogado –su madre es profesora de Literatura, ya jubilada–, aunque reconoce que difícilmente se puede vivir de ellas: «Este tipo de cliente es muy valiente pero tiene pocos recursos, quieren que trabajemos gratis o casi. Y la verdad es que algunas veces lo hacemos». Por eso también se ocupa de casos civiles y mercantiles y da clases en la Universidad de Murcia, donde imparte Derecho Ambiental y Derecho Administrativo como profesor asociado. En la UMU cursó la carrera, que completó con un Master of Law en Dresde (Alemania), donde se formó con un catedrático de Derecho Penal Medioambiental gracias a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Germanófilo, habla alemán e inglés –«este idioma por necesidad»– y pertenece a varias organizaciones nacionales e internacionales que comparten información y estrategias, y que también aportan soporte científico en la defensa de causas normalmente complejas, como la Asociación para la Justicia Ambiental, ELAW.org y Justice and Environment. Hizo los cursos de doctorado con el fallecido Ramón Martín Mateo, ‘padre’ del Derecho Ambiental en España, y ahora redacta su tesis, sobre las dificultades de los ciudadanos para defender en los tribunales la protección de la naturaleza y la ordenación del territorio.

Algunas de las reflexiones que está dejando por escrito: la importancia de las medidas cautelares en causas medioambientales, «algo básico aunque muy difícil de conseguir, porque los daños después son irreparables»; y la necesidad de un turno de oficio medioambiental «para proporcionar asistencia gratuita a la gente humilde».

Viajero y senderista, aficionado a escribir y a tocar la flauta travesera, Eduardo Salazar concentra ahora sus esfuerzos en otro asunto verde: la desecación de las fuentes en los Molinos del Río Aguas (Sorbas, Almería) por los cultivos intensivos de olivos en Tabernas, «que han modificado la estructura del acuífero». ¿Otra causa –no tan– perdida?

(Publicado en 'La Verdad' el 4 de octubre de 2015)

Comentarios (4)Add Comment
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escrito por Frank Inspector, octubre 04, 2015
Mis más sinceras felicitaciones. Es una batalla difícil y dura. La administración se supone que debe ser la primera que de ejemplo con el cumplimiento de la ley, con proteger en lugar de destruir o de machacar a los que no tienen recursos. Provoca mucha indignación que haga precisamente lo contrario, ya sea Comunidad Autónoma o Ayuntamientos o Estado. Y como bien dice, en el caso de Medio Ambiente, una vez que se ha cometido el daňo, luego ya es tarde. Muy bien por la victoria en Joven Futura, pero es una victoria agridulce. Ahora qué?. Como mínimo y ya que no se van a tirar las viviendas, obviamente, sí que los responsables debería pagar por ello, pero ni eso.
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escrito por Navarro, octubre 04, 2015
Hay un profundo desprecio a los ciudadanos, sus bienes y sus derechos, por parte de la administración en cualquier nivel. Casos como los expropiados por la autovía fantasma, Corvera, costas, o los propietarios dentro de espacios protegidos, son solo un ejemplo. No hablemos de casos de juzgado de guardia como los expropiados por el ayuntamiento de Cartagena en la zona centro, gente que incluso les cobraron la demolicion de sus viviendas, pagándoles una miseria por sus casas, para enriquecer a los de la púnica. Hay causas mas perdidas y otras menos pedidas, algunas pueden ayudar a pagar las otras, pero es necesario que alguien defienda a los ciudadanos de la administración. Ella hoy en dia, no es amiga de los ciudadanos, solo de sus intereses.
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escrito por Todolimpio, octubre 04, 2015
Salazar, sigue dándole, te admiro!!
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escrito por Rocky, octubre 05, 2015
Pues sí, ojalá no hiciera falta que tipos como éste tuvieran que existir. Siempre es lo mismo, es la propia Administración la primera en saltarse las leyes. Y en este caso, porque había vecinos con pelotas que pusieron la denuncia, si no, no hubiera pasado nada. Siempre igual, o te juegas los cuartos y denuncias, o la administración actúa con total impunidad, muchas veces saltándose la ley.

Por supuesto esto pasa siempre por tener a incompetentes, corruptos y sinverguenzas en puestos de poder.

Un crack este Salazar. Da gusto ver todavía a gente que antepone la justicia a sus propias necesidades

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