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«En esta región no se tira ni una casa»
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14.03.15 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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José Luis Díaz Manzanera. FOTO: MARTÍNEZ BUESO

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo pide colaboración a la Administración para que se cumplan las sentencias judiciales

«Buscamos reparar el daño, no meter a los infractores en prisión», asegura José Luis Díaz Manzanera

Si no se ejecutan las sentencias, el trabajo de la justicia no sirve para nada. Este es quizá el principal mensaje que dejó ayer en las jornadas ambientales del Colegio de Abogados de Murcia el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, que resumió su intervención con una frase que deja lugar a pocas dudas: «En esta región no se tira ni una casa». Se refería Díaz Manzanera, en su conferencia sobre las dificultades técnicas de la labor de la fiscalía, a las construcciones levantadas ilegalmente «en suelo no urbanizable o de protección ecológica», que «se quedan allí» porque los ayuntamientos –principalmente– no son diligentes en la ejecución de las demoliciones. Ante los oídos sordos de las administraciones locales, a la justicia solo le queda el recurso de advertir sobre un posible delito de desobediencia, aunque este trámite «no se ejercita con la frecuencia que se debería», señaló.

Los asuntos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio son la principal ocupación de los fiscales de medio ambiente –cinco en la Región–, relató Díaz Manzanera, que durante los últimos años están asumiendo la investigación de nuevas casuísticas, como la contaminación acústica, un campo en el que tampoco los ayuntamientos están colaborando al cien por cien. Es lo que sucede en algunos municipios «que no facultan a sus policías locales para hacer mediciones; exigen la actuación de técnicos especializados, lo que impide en muchas ocasiones la comprobación efectiva de los niveles de ruido», se lamentó.

El fiscal se detuvo en tres tipos de emisiones contaminantes en las que es muy difícil aplicar la normativa: una, la contaminación atmosférica, porque es muy difícil determinar la fuente y medirla;y otras dos, la odorífica y la lumínica, porque ni siquiera cuentan con regulación legal.

En este punto se refirió a los problemas técnicos para la calificación jurídica: «Siempre hay que acreditar el riesgo ambiental y el perjuicio para la población, lo que hace necesario contar con peritos especializados o técnicos de la Administración. A veces recurrimos a la universidad, que no puede cobrar la factura hasta que termina el procedimiento penal», explicó.

El objetivo de su trabajo es la reparación del daño, no meter a los infractores en prisión, aseguró, «pese a que muchos de los delitos ambientales están penados con más de dos años de cárcel». Y animó a que las denuncias se presenten «lo antes posible, lo que nos daría la posibilidad de adoptar medidas cautelares y evitar así un daño mayor. Esto nos ha permitido en ocasiones», añadió, «paralizar trabajos como roturaciones e incluso obras públicas, y suspender actividades».

«Necesitamos más medios»

«La gran asignatura pendiente de este país es la justicia. No es rápida y así se pierde eficacia», advirtió José Luis Díaz Manzanera ante un auditorio de expertos: abogados, profesionales de la justicia, funcionarios públicos y profesores universitarios. «Necesitamos medios y más inversión, y es paradójico que se esté planteando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  para limitar los plazos de investigación de delitos. Eso en principio está bien», opinó, «pero no se puede hacer si no se nos proporcionan medios. Y se van a generar problemas muy serios porque no tendremos tiempo de sacar adelante asuntos complejos», avisó.

Díaz Manzanera aprovechó para, en el ámbito de los delitos medioambientales, reclamar la creación de más plazas de jueces, fiscales, peritos forenses y policía judicial, y alabó el «gran trabajo del Seprona, de los agentes medioambientales, de los policías locales y de los guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Segura».

Fiscal desde 1991 y persiguiendo delitos ambientales y urbanísticos desde 2007, José Luis Díaz Manzanera reparó en la «gran sensibilización sobre estos temas durante los últimos años en los ámbitos judicial, social, político y de la administración pública», algo que «sería deseable también en el ámbito empresarial», dejó caer. Sobre el «conflicto de intereses entre medio ambiente y desarrollo económico», Díaz Manzanera sugirió que «hay que ir caso por caso», pero dejó claro que el Tribunal Constitucional «ya ha dicho que cuando chocan debe primar el medio ambiente».

(Publicado en 'La Verdad' el 14 de marzo de 2015)
Comentarios (2)Add Comment
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escrito por Carlos, marzo 14, 2015
Tenemos uno de los mejores, si no el mejor fiscal de Medio Ambiente de España, y aún así, la administración cae en su "dejar de hacer y pasividad" con el fin de recaudar más. Prevarican abiertamente a sabiendas de que nadie les va a perseguir con sus actos y acuerdos. Lamentable, sólo hay que ver la huerta como está y la orilla del mar.
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escrito por navarro, marzo 14, 2015
El lunes llamo para quedar con el. Vamos a ver cuantos articulos del porn incumple la comunidad autonoma y si tiene el valor suficiente para llevarlos a juicio. Que lo que dice es politicamente correcto, pero socialmente es una salvajada. No puedes tirar cuarenta casas en la zona de la muela cabo tiñoso. Por que no te enfrentas a cuarenta vecinos. Te olvidas de sus familias, que pueden ser muuuuuuuuuuy extensas. Comprendo que su deber es hacer cumplir las leyes, por estupidas e irracionales que sean. Pero tambien es responsabilidad de las personas que las aplican, el suplir esa estupidez. A la casa de otros no es bueno ir, sin pedir permiso.

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