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Bruselas analiza con lupa la planificación ambiental antes de sancionar a España
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01.02.15 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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GRÁFICO: LA VERDAD

Murcia es una de las cuatro comunidades sin planes de Red Natura aprobados

La Comisión Europea prepara un procedimiento de infracción por el retraso y la baja calidad de los documentos de gestión

La maquinaria administrativa está lanzada en todas las comunidades autónomas, pero el retraso es tan grande que España difícilmente se librará de la apertura de un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea por no aprobar los planes de gestión de sus espacios protegidos dentro de los plazos pactados. Y es que en Bruselas se da una gran importancia a la conservación de la Red Natura 2000, el conjunto de reservas para la biodiversidad que no solo garantiza la supervivencia de especies tan valiosas como el oso pardo, el lince ibérico y la tortuga mora, sino también de ecosistemas que albergan agricultura tradicional y ganadería extensiva y donde además comienzan a desarrollarse iniciativas de ecoturismo.

Pero España, que aporta la mayor parte de los espacios naturales de esta gran red europea –más de 1.800 sobre casi 15 millones de hectáreas, el 27% del total–, no ha mostrado sin embargo gran interés en establecer un manual de instrucciones que deje claras las posibles limitaciones y oriente a los propietarios –porque gran parte de la Red Natura se extiende sobre terrenos particulares–; el panorama actual es que, con un retraso acumulado de más de dos años, hasta el momento solo se han aprobado unas 500 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en todo el país y hay cuatro comunidades, entre ellas Murcia, que aún no han designado ninguna –sin contar a la ciudad autónoma de Ceuta–.

El caso de Murcia: el Noroeste, aún ‘en obras’

La Región cuenta con 14 Áreas de Planificación Integrada (API), que afectan a 194.000 hectáreas, además de los espacios marinos. El plan más avanzado es el del Noroeste, a punto de ser aprobado en consejo de gobierno después de dos años de tramitación y una gran polémica con empresarios, organizaciones agrarias y propietarios, que se sienten perjudicados por una protección que califican «de máximos». Pero aún está en manos de los servicios jurídicos. Recientemente salieron a información pública los documentos de otras dos API: Ríos Mula y Pliego y Cueva de las Yeseras y Minas de la Celia. En la Dirección General de Medio Ambiente se trabaja con el convencimiento de que el trabajo técnico estará terminado antes de fin de año, pero no se pone la mano en el fuego por la fecha en la que se publique en el Boletín Oficial. Los tiempos de la política van a otro ritmo.

Los plazos: retrasos desde 2012

Sobre los plazos han circulado informaciones confusas, algunas de ellas difundidas por la propia Administración;según fuentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el plazo para las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea (toda España salvo Canarias) expiró en verano de 2012 y, tras la apertura de un expediente por parte de Bruselas –lo que se conoce como proyecto piloto–, el Ministerio comunicó que cumpliría sus compromisos en diciembre de 2014, esperando evitar así la sanción. Solo que, debido al gran retraso general, el Gobierno se autoconcedió un año más para aprobar su normativa ambiental.

Los documentos: flojos, según los ecologistas

Un problema añadido a la tardanza normativa es la deficiente calidad de los documentos que se están tramitando, algo que ha denunciado en Bruselas el lobby de las organizaciones ecologistas y que no han pasado por alto en la Comisión Europea, que exige un ‘traje a medida’ según las características de cada enclave y no reglamentos genéricos que puedan ser intercambiables entre distintos espacios. «Se exigen objetivos numéricos; es decir, que si en un lugar hay cinco parejas de águila perdicera, hay que definir las medidas de conservación para esas cinco parejas de águila perdicera», advierte Juan Carlos Atienza, coordinador del área de conservación de  SEO/BirdLife. Quien recuerda, además, que la planificación de la Red Natura debe atender al mejor estado de conservación posible de cada ZEC, «lo que significa que Europa puede obligar a restaurar zonas degradadas, lo que siempre es mucho más caro que conservar». Entre las supuestas deficiencias, la inclusión de actividades económicas «que no deben pasar evaluación medioambiental» y reajustes de límites sin justificar, «que casualmente siempre dejan fuera fincas privadas». Los ecologistas critican también que las prisas están impidiendo una adecuada participación pública.

La amonestación: la carta está al caer

Todo apunta a que Bruselas iniciará próximamente un procedimiento de infracción contra España –que ya ha sido sancionada por la demora de Canarias, cuyo plazo cumplió antes–; de hecho, diferentes fuentes confirman que la carta de emplazamiento –así se conoce la amonestación, que se traslada por vía diplomática– ha estado a punto de ser enviada en dos ocasiones –mayo y septiembre de 2014–, pero la CE está analizando con lupa el trabajo de España para afinar en su denuncia, que arrastra «una gran carga administrativa y se necesita tiempo para asimilar tanta información», informa Gema Rodríguez, experta en biodiversidad de WWF. Un portavoz de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea señaló a este periódico que «somos conscientes del problema en España en relación con la Red Natura 2000», pero evitó dar una fecha para la posible apertura de la vía sancionadora y aseguró que el «objetivo principal es conseguir que se cumplan los compromisos de protección». El Ministerio no contestó a la petición de información de ‘La Verdad’.

Las consecuencias: oportunidades perdidas

¿Qué supondrá la apertura de un procedimiento de infracción?Si termina en condena en el Tribunal Europeo de Luxemburgo, una multa millonaria, pero el recorrido de este trámite es largo y complejo: se abren entonces plazos sucesivos para la presentación y estudio de alegaciones que pueden alargarse hasta tres años, y para entonces España asegura que sus espacios de la Red Natura 2000 estarán ya regulados por planes de gestión. Pero mientras tanto se están perdiendo muchas oportunidades, insiste Juan Carlos Atienza, «como líneas de financiación de la Política Agraria Común (PAC), así como fondos Feder y Feader, que no se pueden solicitar si no se planifican los espacios, pese a que la CE tiene la obligación de cofinanciarlos. Por eso decimos que los agricultores y los propietarios deberían ser los primeros en exigir planes de gestión, para que las inversiones vayan a su territorio», insiste el especialista en conservación de SEO/BirdLife.    

(Publicado en 'La Verdad' el 1 de febrero de 2015)
Comentarios (2)Add Comment
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escrito por Francisco Bel, febrero 01, 2015
No saben ni que hacer ni como hacerlo.Es vergonzoso que manden documentos tan simples a la CE.Vergonzoso que nos llamen la atencion porque aqui no son capaces de tener un proyecto con unos logros determinados y de la metodologia de como alcanzar dichos logros.Es inexplicable.Cualquier becario sabria como hacerlo.¿quien manda esos escritos a ver si cuelan?
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escrito por Navarro, febrero 01, 2015
Angel Ruiz me ha gustado mucho el articulo. Has tocado todos los aspectos. Gracias.

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