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Imputan en el ‘caso Zerrichera’ al asesor jurídico Manuel Gil Quiles
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13.05.14 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Manuel Gil Quiles, en 2007 durante una ronda de comparecencias por el 'caso Zerrichera'. FOTO: VICENTE VICÉNS


El fiscal acusa al funcionario de la Comunidad de «silenciar intencionadamente infracciones legales» en cuatro informes

El ‘caso Zerrichera’ de presunta corrupción urbanística se cobró ayer un nuevo imputado, en este caso un funcionario de alto rango: Manuel Gil Quiles, en 2005 jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente a las órdenes de Francisco Marqués, que ha sido citado a declarar el 4 de julio por la jueza Marifé Tabasco Cabezas, titular del juzgado número 3 de Murcia.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, atribuye a este funcionario de la Comunidad Autónoma «inducción a la prevaricación» por «silenciar intencionadamente» en cuatro informes «infracciones legales que debía haber puesto de manifiesto a sus superiores» para evitar la recalificación urbanística de la finca conocida como La Zerrichera, en Águilas, donde el empresario Trinitario Casanova promovía un complejo de lujo con 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf. Manuel Gil Quiles presta actualmente sus servicios en la Consejería de Agricultura y Agua como asesor facultativo de la Secretaría General, y anteriormente ejerció como jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia.

La tesis del fiscal es que Gil Quiles tenía que haber reparado en que no era posible aprobar la reclasificación urbanística de un espacio natural que cuenta con cuatro figuras de protección –LIC, ZEPA, Área de Fauna Silvestre y Área de Sensibilidad Ecológica–, y que, por el contrario, silenció este ‘detalle’ en cuatro informes y supeditó la supuesta compatibilidad de la actuación urbanística con la conservación de los valores ambientales de este paraje de la Sierra de la Almenara a una declaración de impacto ambiental «que se realizó en 24 horas», recuerda el fiscal. Juan Pablo Lozano hace constar también en su escrito que los informes de Manuel Gil Quiles no constaban en los expedientes remitidos a la Fiscalía, y que llegó hasta ellos a través de los testimonio de diferentes testigos que han prestado declaración en esta causa judicial, que se instruye desde hace más de seis años.

El informe del fiscal llama también la atención sobre el hecho de que los diferentes directores generales imputados en este proceso «solicitan incomprensiblemente» informes jurídicos a Manuel Gil Quiles «sin recabar previamente, como sería obligado, lógico y normal, informe de sus propios servicios jurídicos». «Parecía que había una directriz no escrita sobre dónde y a quién debían solicitar el informe jurídico», sostiene el fiscal, quien destaca los rodeos para evitar la intervención de funcionarios de Medio Natural por su «voluntad contraria al proyecto».

Además de Manuel Gil Quiles, los imputados en el ‘caso Zerrichera’ son José María Ródenas Cañada –que fue subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; actualmente es subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio–; Antonio Alvarado –ex director general de Calidad Ambiental–; Manuel Alfonso Guerrero –entonces director general de Vivienda–; Encarnación Muñoz –ex directora general de  Medio Natural–; y Juan Ignacio Sánchez Gelabert –jefe de servicio de Calidad Ambiental–. A todos ellos atribuye el fiscal los movimientos que desembocaron en una «resolución objetivamente prevaricadora» aprobada mediante una orden que firmó el 13 de febrero de 2006 Joaquín Bascuñana, entonces consejero de Obras Públicas y Vivienda y ahora delegado del Gobierno.

La juez que instruye el ‘caso Zerrichera’ exculpó en marzo a Francisco Marqués y a su esposa, María Jesús Miedes; a María Reyes Sánchez, ex secretaria general de Medio Ambiente; a Juan Ramírez Soto, exalcalde de Águilas; y a José López, exconcejal aguileño de Agricultura y expropietario de la finca. 

La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y Ecologistas en Acción recurrieron el sobreseimiento de Francisco Marqués y Reyes Sánchez, por «el retraso deliberado y calculado en la tramitación del plan de gestión de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope»,  y reclamaron la imputación de Manuel Gil Quiles por su «colaboración necesaria».

(Publicado en 'La Verdad' el 13 de mayo de 2014)










 

Comentarios (6)Add Comment
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escrito por navarro, mayo 13, 2014
Por que no se puede reclasificar?. Tanto para limitar usos urbanisticos, como para ampliarlos o cambiarlos. Que ocurre quedaria fuera de cualquier clasificacion. Menudos pasteles legales montan. A mas leyes mas corrupcion. Ya me resulto extraño y kafkiano que en el caso de maquinacion para alterar el valor de las cosas, no fuera delito alterar a la baja ( aunque el funcionario o politico salga beneficiado economicamente) y si cuando lo altera al alza. Cosas curiosas de los juristas. Alterar solo se aplica al alza y nunca a la baja.
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escrito por nano, mayo 13, 2014
No se puede reclasificar porque hay una legislación europea de obligado cumplimiento para España.
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escrito por navarro, mayo 13, 2014
Nano pues entonces el ayuntamiento de cartagena se ha saltado esa legislacion de obligado cumplimiento. Al reclasificar zonas urbanizables dentro de una red natura, a no urbanizables. Si no se puede reclasificar, no se puede.
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escrito por Enteradillo, mayo 16, 2014
Se puede cambiar el uso del suelos, desclasificar e incluso desproteger...lo que pasa es que hay que seguir los cauces legales oportunos. Un ejemplo, se podia desproteger Marina de Cope, pero no mediante la Ley del suelo, como hizo el gobierno de Valcarcel, de ahí la famosa sentencia.
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escrito por Eco, mayo 16, 2014
...y añado a Enteradillo: siempre justificando con informes científicos. Porque lo que se protege por unos valores determinados no se puede desproteger después solo porque le salga del arco del triunfo a Valcárcel & friends.
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escrito por navarro, mayo 16, 2014
Enteradillo. Llevas toda la razon y es logico que se pueda o no. Con informes cientificos logicamente. El problema es cuando se protege con informes cientificos de muy dudosa calidad. Patrimonio esta protegiendo con informes que dan risa y hace dudar sobre como aprobo los examenes el que firma la proteccion. Otra cosa es que compres suelo urbanizable y te lo declaren protegido. O pase un suelo agricola a forestal. Cosas asi tienen que evitarse. Para eso existen los porn y los prug. O si es tan importate que expropien.

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