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Funcionarios de Medio Ambiente niegan presiones para desproteger La Zerrichera
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13.02.14 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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La juez les pregunta si el retraso en tramitar la ZEPA de la Almenara se debió a injerencias políticas para favorecer una urbanización de lujo

Cuatro testimonios y una única versión: no hubo presiones políticas durante la tramitación del plan de gestión de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) de la Sierra de Almenara para retrasar la aprobación de este documento y que pudiera salir adelante el proyecto urbanístico de La Zerrichera –4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf– , que impulsaba el empresario Trinitario Casanova en ese espacio protegido de Águilas.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia, Marifé Tabasco Cabezas, interrogó el lunes a cuatro funcionarios de la Consejería de Presidencia –dos técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente y dos jurídicas– que intervinieron en la redacción del plan de gestión de la ZEPA. La jueza quería despejar la sospecha de que este trámite fuese bloqueado a conciencia en la consejería –que entonces dirigía Francisco Marqués– con el objetivo de que La Zerrichera pudiera ser recalificada mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas.

La hipótesis de injerencia política sobre el personal de la Comunidad se reforzó en septiembre cuando el fiscal Pablo Lozano aportó a la causa dos correos electrónicos enviados en abril de 2007 por el entonces consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader –sustituto de Marqués– al titular de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana –actual delegado del Gobierno y que siempre ha reconocido su amistad con Casanova–. En esos mensajes, revelados en exclusiva por ‘La Verdad’, Mercader decía lo siguiente a Bascuñana: «Querido Joaquín, adjunto te remito el resumen del plan de gestión. Creo que lo hemos conseguido, aunque me hayan salido muchas canas, no haya dormido durante bastantes noches y haya tenido que utilizar todas mis artes con unos funcionarios, te recuerdo, que no querían saber nada de esto. Un saludo».

Los funcionarios mantuvieron el lunes, sin embargo, una única versión –no fueron presionados– y se mostraron firmes en sus informes negativos sobre la construcción del complejo de lujo en una zona de campeo del águila perdicera y búho real con importantes poblaciones de tortuga mora.

En el ‘caso Zerrichera’, en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, están imputados Francisco Marqués (exconsejero de Medio Ambiente); Antonio Alvarado (ex director general de Calidad Ambiental); Encarnación Muñoz (ex directora general de Medio Natural); Manuel Alfonso Guerrero (ex director general de Urbanismo y Vivienda); José María Ródenas (actual subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio); Juan Ramírez Soto (exalcalde de Águilas); y María Reyes Sánchez (ex secretaria general de Medio Ambiente).
(Publicado en 'La Verdad' el 13 de febrero de 2014)
Comentarios (4)Add Comment
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escrito por Merlucin, febrero 13, 2014
¿Cuándo va a finalizar la instrucción de este caso? Si no recuerdo mal, creo que se inició en 2005, es decir, hace 9 años. Parece que para hacer unos cuantos interrogatorios y pedir algunos informes es plazo más que suficiente.
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escrito por M. A. Ruiz, febrero 13, 2014
Hola Merlucin, me cuentan que el juicio puede inciarse en un par de años. Efectivamente, unos plazos en teoría fuera de toda lógica, aunque en los ámbitos judiciales se considera de lo más normal, tanto por el número y complejidad de las diligencias como por la falta de medios (no solo está canina la Administración ambiental).

Saludos.
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escrito por Bluemoon, febrero 13, 2014
Todos los citados en el artículo se frotan las manos viendo como el paso del tiempo se transforma en prescripción. Se les declarará inocentes, no porque no cometieran delito alguno, sino porque hace mucho tiempo que lo cometieron. El que comete un delito tiene que pagar por el delito cometido, aunque hayan pasado 10 años. A mi entender no deja de ser un delincuente.
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escrito por Frank Inspector, febrero 13, 2014
Coincido plenamente con la opinión de Bluemoon. Nunca he entendido lo de la prescripción de delitos. Ni que fueran alimentos que caducan. Parece inventado por niños jugando, solo que es tan real y tan adulto que sobrepasa lo absurdo y lo indignante. Quien comete un delito, debe de pagarlo.
Y sobre la noticia en particular, no es tan descabellado imaginar que perfectamente, pudieron sufrir presiones, a su pesar. Están en una posición que puede ser incómoda para los que tenían intereses en que saliera adelante el proyecto. Habiendo dinero de por medio y personajes que piensan que con eso, todo se puede comprar, no sería la primera vez. Espero que se llegue hasta el final y que las condenas sean ejemplarizantes, para todos los implicados.

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