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Los empresarios quieren parar los planes ambientales porque «frenan el desarrollo»
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17.01.13 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Miguel del Toro. FOTO: NACHO GARCÍA

CROEM envía una dura carta al consejero de Presidencia en la que critica la «supremacía del medio natural sobre la actividad económica»

Directo y sin adornos diplomáticos. Así es el recado que han enviado los empresarios al consejero de Presidencia, Manuel Campos: un duro escrito de once páginas en el que la patronal CROEM exige a la Comunidad Autónoma la paralización de los instrumentos de planificación ambiental en marcha por entender que consagran «la supremacía del medio natural sobre la actividad económica». El presidente de la organización empresarial, Miguel del Toro, transmite su «más absoluto rechazo y oposición» a diferentes proyectos de la Dirección General de Medio Ambiente, casi todos impuestos por la legislación europea, porque, de acuerdo con el criterio de CROEM, «lejos de aportar una necesaria seguridad jurídica suponen una nueva y grave incertidumbre» por «la penosa tramitación administrativa» y «la adaptación de las actividades e instalaciones a las continuas exigencias legales».

Del Toro no está de acuerdo ni con «el contenido» ni con «la forma de su puesta en marcha», algo que deja claro al consejero Manuel Campos con frases tan contundentes como que «más que una expropiación se favorece el expolio» y «nuestra Comunidad Autónoma elabora un documento que atenta directamente contra las posibilidades empresariales de la Región».

El presidente de CROEM propone al consejero de Presidencia –de quien dependen las competencias de medio ambiente– un «proceso de diálogo» paralelo a la «paralización de todos los instrumentos de planificación ambiental enumerados al principio del escrito», para «la redacción de unos textos consensuados con el sector empresarial que no supongan, como reiteradamente hemos dicho, tantos perjuicios para los distintos sectores económicos de nuestra Región».

Miguel del Toro se refiere al Anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad de la Región; la Guía de Criterios Técnicos Orientadores en materia de medio natural; la Orden sobre Planificación Integrada de los Espacios Protegidos de la Región; el Proyecto de Decreto de la declaración de diez Zonas Especiales de Conservación y aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000 del Noroeste; y los proyectos de decreto de planes de recuperación de cuatro especies amenazadas –águila perdicera, cernícalo primilla, nutria y fartet–.

Los empresarios consideran este conjunto de medidas un freno al progreso por, entre otras consideraciones, las figuras de las bandas de amortiguación y zonas de influencia, que imponen restricciones en áreas sensibles para salvaguardar la integridad de la flora y la fauna. En este sentido, CROEM considera que los criterios aplicados son, «en realidad, la opinión personal de los técnicos de la Comunidad Autónoma». Para la patronal, «estas zonas de supuesta protección quedan a la más absoluta discrecionalidad administrativa, y más concretamente de los técnicos del departamento de Medio Natural, en cuanto a su determinación, alcance, limitaciones, prohibiciones, etc».

Miguel del Toro desconfía del criterio de la Dirección General de Medio Ambiente, a la que atribuye unas decisiones no basadas en «hechos objetivos», sino en la «mera discrecionalidad» de un departamento de la Administración regional que «difícilmente podrá contradecir a sus técnicos».

La misiva de CROEM, enviada el miércoles de la semana pasada y a la que ha tenido acceso ‘La Verdad’, se refiere a los instrumentos de planificación de la Comunidad como una «sobrerregulación ambiental», y se queja de que los planes de recuperación de especies amenazadas consideren como «amenazas» determinadas actividades económicas como «parques eólicos, parques solares, líneas eléctricas, agricultura, ganadería, canteras, etc...».

Para la patronal es prioritaria la paralización de tres procedimientos administrativos, por lo que Miguel del Toro insiste al consejero en que los suspenda inmediatamente: se trata del procedimiento de información pública del Área de Protección Integrada (API) del Noroeste –o ampliación a tres meses del periodo de información pública–, que ya ha sido criticado por parte de agricultores, ganaderos y propietarios de terrenos de esa comarca;desarrollo de la Orden de Planificación Integrada de los espacios protegidos de la Región;y documento ‘Criterios técnicos orientadores en materia de medio natural’, «con una comunicación pública y escrita» de la Consejería de Presidencia en la que anuncia que ha quedado en suspenso.

¿Tiene CROEM una alternativa? Miguel del Toro expone el término ‘crecimiento inteligente’, contenido en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, que supone «simplificar la legislación y reducir las cargas administrativas para las empresas». Este documento estratégico también recomienda «evaluar los costes y ventajas de la legislación existente para la competitividad de las empresas», según Del Toro, y vela para que «la nueva legislación sea la mejor posible» mediante una mayor claridad de los procedimientos y un refuerzo de la participación ciudadana».

Miguel del Toro cita el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 como una «herramienta de planificación» que tiene el objetivo de «impulsar la actividad económica hacia actividades de elevado valor añadido», y que en su opinión se vería condicionada por los procesos administrativos en materia de medio ambiente puestos en marcha recientemente por la Comunidad Autónoma.

Manuel Campos: «No es un capricho del consejero»

El consejero de Presidencia, Manuel Campos, dice no sentirse presionado por la carta de CROEM y advierte a los empresarios de que la Región está obligada a cumplir la legislación, «por convencimiento y porque lo dicta la Comisión Europea (CE)». La planificación ambiental «no es un capricho del consejero», declaró ayer Campos a ‘La Verdad’, «ya me hubiera gustado encontrármela hecha, pero tenemos que cumplir unos plazos, que terminan en julio de 2014 después de que se nos concediera una prórroga, porque ya habían prescrito». El consejero advierte de que es imposible paralizar la tramitación administrativa de los planes de gestión, aunque sí ha accedido a ampliar un mes el periodo de alegaciones y tiende la mano a los empresarios para «negociar, dialogar y llegar a acuerdos allí donde la ley nos lo permita. Se flexibilizará y se interpretará donde sea posible, pero no se puede frivolizar con estos temas. Lo que tienen que hacer es presentar alegaciones». Manuel Campos se pregunta si la patronal es consciente del «desastre» que llevaría a la Región incumplir los mandatos de la CE:«¿Qué hacemos entonces, perdemos los fondos europeos?Lo que hay que hacer es cumplir la legislación europea».

Criterios «arbitrarios y sin precedentes»

CROEM celebró hace unas semanas una reunión «urgente» con las organizaciones empresariales que la patronal considera más afectadas por la planificación ambiental;de este encuentro, y con la colaboración de la Cámara de Comercio de Murcia, surgió un análisis que ocupa buena parte de la carta enviada al consejero Manuel Campos. A continuación se reproducen textualmente algunos extractos de este informe:

Anteproyecto de ley: sobrerregulación ambiental

El Anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad de la Región de Murcia, como hemos dicho, es fiel reflejo de una sobrerregulación ambiental en toda regla, volviendo a legislar sobre términos que ya se encuentran en la normativa nacional, en vez de legislar únicamente sobre aquellos que haya que complementar porque así lo indica la norma. Esta ley debería centrarse en los terrenos de titularidad pública y afectar a los de propiedad privada solo en aquellos casos verdaderamente justificados (con una entidad y un valor suficiente), acompañados por supuesto de una memoria económica, con una valoración acorde a los perjuicios que se producen a los afectados y con unos medios de pago y compensaciones garantizados, antes de proceder a la limitación o prohibición de usos de una propiedad privada.

Criterios técnicos: ¿orientación u obligación?

Aplicación de criterios técnicos orientadores en materia de medio natural por parte de la Admnistración ambiental, como si de una norma jurídica se tratara, sin serlo. Existe la Guía de Criterios Técnicos orientadores en materia de medio natural que utiliza la Dirección General de Medio Ambiente, donde se marcan unas pautas que proporcionan ‘certidumbre’, si es que podemos usar dicho término, a promotores de proyectos y profesionales. Sin embargo, esta certidumbre se puede convertir en un muro insalvable. (...) Esta Guía de Criterios Técnicos constituye toda una norma reglamentaria que amplía zonas de protección, reduce las posibilidades de usos y actividades, prohíbe algunas de éstas e incluso se faculta para facilitar la expropiación de terrenos. Y todo ello presidido por la más absoluta de las discrecionalidades administrativas.

Planes de gestión: «limitan las actividades»

Planes de Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000: este instrumento, aunque es indudable que deriva de la legislación europea, también es innegable que es una forma de aprobar criterios que no son obligatorios en los términos en los que actualmente están definidos. Algunos ejemplos son:los corredores ecológicos, las bandas de amortiguación, zonas de influencia, áreas de campeo, hábitat, en definitiva figuras que limitan el desarrollo de actividades existentes en la zona –anteriores a ese plan de gestión–, y el desarrollo de futuros proyectos de inversión.

Especies amenazadas: inseguridad jurídica

Planes de recuperación de especies amenazadas: son herramientas que, una vez más, siguen aumentando la protección del territorio. De tal forma que llegará un momento en que no se pueda desarrollar ninguna actividad económica y generadora de empleo en nuestro territorio. Estos planes crean una inseguridad jurídica manifiesta y continua en el tiempo. Es más, se llegan a plantear las actividades económicas (parques eólicos, parques solares, líneas eléctricas, agricultura, ganadería, canteras, etc) como amenazas para la especie en cuestión.

Corredores ecológicos y hábitat: el 58%de la Región

Se introducen estas nuevas figuras de protección, hasta ahora no contempladas. La superficie que estas figuras abarcarán asciende a 202.000 hectáreas en el primer caso [corredores] y 447.000 hectáreas en el segundo [hábitats de interés comunitario]. Un total de 649.000 hectáreas. Si tenemos en cuenta que la Región de Murcia ocupa una superficie de 1.131.517 hectáreas, estas dos figuras ocuparán el 58% de la misma.

Bandas de amortiguación y zonas de influencia: campeo de aves

(...) Se produce en estos criterios una extensión del ámbito de protección y por tanto de afección de actividades y personas, de forma tal que se trasladan las afecciones que antes se aplicaban a las bandas de amortiguación (100 metros) a la zona de influencia (1.000 metros). Por no mencionar también la aplicación de áreas de campeo de aves, de 1.000 metros.

Terrenos agrícolas: superficie forestal en 10 años

Otro elemento de gran preocupación es que, en el documento propuesto, el plazo para que un terreno agrícola sin cultivar pase a ser considerado como terreno forestal pasa de 30 años a 10 en aquellos supuestos en los que existan especies de flora catalogada o hábitats de interés comunitario. El periodo de 10 años en función de la recolonización por determinadas especies se considera absolutamente injustificado, arbitrario y sin precedentes.

Carta de CROEM al consejero de Presidencia en este enlace.


 (Publicado en 'La Verdad' el 17 de enero de 2013)
Comentarios (3)Add Comment
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escrito por navarro, enero 18, 2013
Así, de la idea de privación singular se sigue que no entran en la
categoría de expropiación aquellos casos en que propiamente no hay privación singularizada, sino que con carácter general se establecen algunas limitaciones. Por eso mismo podría pensarse incluso que no hay en realidad,en esos caso, privación –ni singular, ni general– sino delimitación genérica de un Derecho. Es decir cuando el legislador no pretende privar a alguna o algunas persona de algo, sino sólo regular con carácter general el alcance de un derecho sobre un bien, parecería que no hay expropiación sino regulación de los derechos. En esos supuestos no puede hablarse de que el poder público pretenda asumir la propiedad de alguien en concreto, pues sólo pretende regular con carácter general, para todo el mundo, un bien o conjunto de bienes o derechos, aunque al hacer tal regulación se produzca una disminución de su contenido para cada uno de sus titulares.
Las limitaciones que se pretenden por medio ambiente, son generales o singulares para los bienes de unos pocos ciudadanos. Si la ley fuera para toda la region, podriamos entenderla como general, como solo es para una zona concreta es singular y tienen que ser expropiados. La pregunta, tiene la conserjeria de presidencia dinero y cojones suficientes?.O como siempre, prohibira a unos ciudadanos el derecho a disponer de sus bienes, sin compensar a esos ciudadanos concretos, como hace siempre.
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escrito por Jose Antonio, enero 21, 2013
Digamos más bien porque frenan "su exclusivo desarrollo económico", además desde un punto de vista de una planificación territorial basada en el modelo de la primera mitad del siglo XX, cuando no existían limitaciones ambientales a planes o proyectos, aspecto que vuelven a reivindicar 50 años después. Su visión del desarrollo de la sociedad es muy atractivo, desde luego.
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escrito por Cansado de Navarro, enero 25, 2013
Qué cansado estoy de este hombre por dios! si no interesa una propiedad la vendes y punto, las leyes cambian, lo mismo se amnistía a los terratenientes defraudadores de este país que le prohíben a uno de ellos urbanizar la sierra que compró para especular. Salud!

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