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¿Quién paga la cuenta de Marina de Cope?
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21.12.12 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Recreación virtual del proyecto urbanístico de Marina de Cope.

Claves de la urbanización frustrada del parque regional

¿Por qué se desprotegió un parque regional constituido con rango de ley? ¿Qué argumento legal se utilizó y con qué justificaciones técnicas? ¿Quiénes estaban detrás del desarrollo urbanístico y quiénes se opusieron a la transformación de la llanura litoral en el ‘mayor resort del Mediterráneo’? ¿Es posible seguir adelante con el macroproyecto turístico? A continuación, algunas claves para entender la contienda legal, social y política librada en los últimos once años y medio con la Marina de Cope como campo de batalla.

Un poco de historia: un parque con polémica

La constitución de los parques regionales fue ruidosa y conflictiva. Hace veinte años era fácil convencer a alguien poco informado de que un parque regional era algo así como un terreno vallado que se expropiaba a los particulares para que la Administración soltara animales protegidos para solaz de los ecologistas. Así ocurrió en Águilas y Lorca, donde se celebraron manifestaciones en contra del parque por el temor –alentado por empresarios agrícolas y el PP, entonces en la oposición– de que se viera afectada la actividad agrícola. El Gobierno regional, de signo socialista, creó el parque pero el Plan de Ordenación de Recursos Naturales nunca se aprobó y las lechugas se siguieron cultivando hasta casi la orilla de las playas desiertas.

Desprotección oficial: disposición adicional octava

El Grupo Parlamentario Popular introduce en 2001 una enmienda –la ya célebre disposición adicional octava– a la ley del Suelo regional que en la práctica significó lo siguiente: los límites de los Espacios Naturales Protegidos pasaban a adaptarse a los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), unas figuras de conservación propuestas a la Comisión Europea por el propio Gobierno regional. Es decir, la Comunidad Autónoma redefinía los límites de los espacios protegidos con rango de ley sin apenas argumentación técnica ni científica, ni tampoco planimetría en detalle. Este cambio legal afectó a unas 14.000 hectáreas en toda la Región –aunque el Ejecutivo solo admitió oficialmente 11.000–, de ellas 1.600 en la Marina de Cope. Así, el parque regional quedó limitado a dos sectores –Cabo Cope y Calnegre, con el sector litoral cercano al Lomo de Bas– incomunicados y separados entre sí por una gran llanura que de la noche a la mañana quedó desprotegida.

El recurso: ecologistas y PSOE

El PSOE y grupos ecologistas y vecinales, con el apoyo de destacados científicos que aportan desde la sombra fundamentos teóricos, promueven una acción legal contra la desprotección de la Marina de Cope. La socialista Cristina Narbona encarga el recurso al catedrático Luciano Parejo, y así nace en el Tribunal Constitucional el asunto 4.288-2001. En la década siguiente el plan urbanístico se definió y avanzó administrativamente mientras se sucedían las protestas de colectivos sociales –como Murcia No Se Vende– y sus señorías parecían no tener prisa.

Once años de cavilaciones: el Constitucional habla

Once años y medio después, cuando muy pocos esperaban una respuesta tan contundente –o ni siquiera una respuesta–, el Tribunal Constitucional estima el recurso del PSOE e invalida la argumentación legal que sostiene los planes del Gobierno regional del PP para el desarrollo de la costa. Y además con dureza, puesto que reprocha la «inseguridad jurídica» y la «incertidumbre» que ha provocado en los actores sociales afectados por este largo proceso.

Terrenos no urbanizables: ¿y  ahora, qué?

De acuerdo con la sentencia del TC, los límites del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre son ahora los mismos que tenía en 1992, y en su interior no puede hacerse más desarrollo urbanístico que el permitido por la ley del Suelo estatal y la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia: ninguno, no se puede construir nada porque se trata de terrenos no urbanizables.

Restitución oficial: ¿cómo se arregla esto?

¿Es automática la recuperación de los límites originales del parque? Según expertos consultados por ‘La Verdad’, el Gobierno regional «quizá debería, acatando la sentencia, realizar un acto de restitución» de la superficie desprotegida, aunque incluso quienes más saben sobre este asunto tienen dudas sobre el modo legal de ‘arreglarlo’. La incertidumbre se traslada además a los ayuntamientos de Lorca y Águilas, que han modificado sus planeamientos urbanísticos para adaptarlos a la Actuación de Interés Regional. Ahora, en teoría, deberían reclasificar de nuevo el suelo, lo que supone trámites muy farragosos desde el punto de vista administrativo.

Apuesta turística: ¿es el fin del proyecto?

Juristas, técnicos y expertos en planeamiento coinciden en que el proyecto turístico no puede ser desarrollado en estos momentos en los términos conocidos. La sentencia del Constitucional es clara porque invalida todos los actos jurídicos propiciados por la enmienda a la ley del Suelo regional. La única opción sería tramitar una nueva ley que estableciera otros límites para el espacio protegido. Precisamente, el Gobierno regional está promoviendo en estos momentos la Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad de la Región de Murcia. ¿Sería posible, entonces, con un nuevo texto legal? «En teoría sí, pero es difícil que se atrevan con estos antecedentes. Y juegan en contra el varapalo judicial, el rechazo social, el fracaso del modelo económico y urbanístico, la crisis, la complejidad de justificar científicamente la desprotección, la presión de Bruselas...», razona un veterano técnico de la Administración.

No solo Marina de Cope: más espacios afectados

La disposición adicional octava estaba dirigida a permitir el desarrollo urbanístico de Marina de Cope sobre los terrenos propiedad de Iberdrola y las inmobiliarias de Bancaja –ahora Bankia– y Cajamurcia, que se descolgó del proyecto hace tiempo; sin embargo, el cambio legal afectó a otros espacios protegidos, como la Sierra de las Moreras (Mazarrón), Sierra de Carrascoy (Murcia) y Cuatro Calas (Águilas).

¿Se puede reclamar una indemnización?

Sobre las parcelas llanas y alfombradas de lechugas de la Marina de Cope se desató la fiebre urbanística en cuanto el Gobierno regional anunció sus planes de desarrollo turístico, agilizados con la declaración de Interés Regional -2004-. Con la burbuja en todo su esplendor, grandes inmobiliarias y propietarios particulares efectuaron numerosas operaciones de compraventa cuyos beneficios futuros quedan ahora, como mínimo, en suspenso. ¿Se puede reclamar una indemnización a la Comunidad Autónoma, que avaló y animó el proyecto? «Sí», opina el catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, autor del recurso ante el TC, «puesto que la sentencia insiste en los elementos de inseguridad jurídica e incertidumbre y podría caber la responsabilidad patrimonial del legislador. Hay una amplia jurisprudencia, pero no sé si los tribunales estarían dispuestos a aceptar estas demandas», señala, «porque se supone que quienes han comprado son grandes empresas con experiencia e información. ¿Se imagina que tuvieran que pagar ahora los murcianos por esto? Sería para tirarse por un acantilado».


 (Publicado en 'La Verdad' el 21 de diciembre de 2012)
Comentarios (1)Add Comment
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escrito por Juan Gómrz, diciembre 26, 2012
Brillante y un resumen perfecto. El periodismo de calidad es un enemigo muy poderoso contra las políticas saqueadoras de un Gobierno regional de parche en el ojo, pero un aliado muy valioso para los ciudadanos.

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