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El Tribunal Supremo absuelve a Pedro Costa Morata en su conflicto con el fiscal de Lorca
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16.06.11 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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FOTO: SONIA M. LARIO / AGM

El nuevo fallo judicial anula dos sentencias condenatorias contra el ecologista aguileño, denunciado por un artículo en ‘La Verdad’

Día feliz, ayer, para el histórico ecologista aguileño Pedro Costa Morata, que recibió «con inmensa alegría» el fallo del Tribunal Supremo tras su recurso de casación, que anula dos sentencias condenatorias previas por vulnerar el honor del fiscal de Lorca José Martínez Blanco –ya jubilado– en un artículo publicado en ‘La Verdad’. En ese texto, titulado ‘Del trabajo, mejorable, de nuestros fiscales en la costa’ (10-03-2006), Costa Morata criticaba la supuesta permisividad del entonces fiscal de Lorca en lo que consideraba proceso de «encanallamiento» de la costa regional, y aludía en concreto a la operación urbanística que permitió la aprobación del resort Isla del Fraile en Águilas, en cuyo ayuntamiento desempeñaba la hija de Martínez Blanco en ese momento el cargo de responsable del planeamiento urbanístico.

José Martínez Blanco denunció a Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, por entender que el artículo constituía una intromisión ilegítima en su honor, y el Juzgado de Instrucción Número 2 de Lorca condenó en octubre de 2007 al ecologista, vinculado a Izquierda Unida, a indemnizar con 18.000 euros al fiscal jefe de Lorca, sentencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial un año después.

«Acato la decisión judicial»

El exfiscal aseguró ayer que conoció el fallo del Tribunal Supremo a través de ‘La Verdad’, y que prefería no hacer declaraciones: «No conozco la sentencia, pero acato totalmente las decisiones judiciales, en el sentido que sean. Respeto la decisión judicial y no tengo nada más que decir», terminó.

La sentencia del Tribunal Supremo, que fue notificada ayer mismo a las partes, estima el recurso de casación interpuesto por el ingeniero aguileño, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, que deja «sin valor ni efecto» las sentencias condenatorias anteriores. El fiscal, además, deberá pagar las costas de la primera instancia.

En sus fundamentos de derecho, la extensa sentencia del Tribunal Supremo (41 páginas) insiste repetidamente en la prevalencia de la libertad de expresión e información del demandado frente al derecho al honor del funcionario demandante. «Se trata –señala el texto judicial– de un artículo en el que se emplean términos de gran dureza pero que guardan relación directa con los acontecimientos que relata y el comportamiento de pasividad de todos los poderes públicos locales, que si bien puede disgustar o molestar, no es suficiente para considerarlos desproporcionados».

A continuación reproduzco el artículo de la polémica:

Del trabajo, mejorable, de nuestros fiscales en la costa (por Pedro Costa Morata)

La justicia en España sigue siendo objeto de profunda insatisfacción ciudadana. Así lo revelan las encuestas, así lo viven miles de españoles y así lo reconocen muchos jueces y fiscales con frecuencia; las causas son conocidas y van aliviándose con excesiva lentitud.
En nuestras costas siempre ha habido, de baja o alta intensidad, corrupción urbanístico-turística, pero ahora todo se ha agravado. Y esto envilece a las instituciones y a la sociedad entera: a usted y a mí (que siempre podemos hacer más). Y nos acostumbramos a sospecharla, sentirla o vivirla mientras la respuesta judicial suele ser tímida, tardía o insuficiente. La costa de Murcia se encamina rápidamente por la senda del encanallamiento seguido antes por otros litorales, como la Costa del Sol. Allí los abusos urbanístico-municipales, mezclados inextricablemente con los empresariales, han sido contemplados con escaso interés por las instituciones políticas y judiciales. Recuerden el caso de la jueza Ramírez, de Marbella, dedicada en los años álgidos del reino gilista a parar denuncias y querellas contra el foco delictivo más escandaloso de la España democrática; cayó la jueza pero el daño legal y moral producido no tiene remedio; o los casos de varios jueces que allí mismo abandonaron desesperados. De gran interés social ha sido la creación en Málaga de un Instituto Interuniversitario de Criminología, que trabaja sin parar e informa y asiste a quienes quieren conocer sobre el mal litoral.
Tengo para mí que en nuestra costa los fiscales vienen manteniendo un perfil de actuaciones llamativamente bajo. Considero que la obligación de un fiscal es estar informado, al menos, de lo que llega a saber y conocer el ciudadano medio por la prensa diaria: eso es obligación, y lo es también actuar en consecuencia por propia iniciativa, ya sea investigando, ya encausando. Si el ciudadano informado se extraña un 26 de mayo de 2003 de que la Comunidad Autónoma conceda al proyecto urbanístico de un concejal, ex alcalde y líder de un partido independiente, un aprovechamiento de 0,50 m2/m2 en lugar del 0,20 existente en su entorno, un fiscal también debe extrañarse. Si esa autorización, producida al día siguiente de las elecciones municipales, coincide con la fecha en que ese político -cuyo partido ha conseguido tres concejales necesarios para que el PP siga gobernando- dimite de la lista y deja colocados en el Ayuntamiento (con responsabilidad y sueldo) a su nieta, al abogado de su empresa y a un tercer militante, la gente -que no es tonta- da por hecho que se ha urdido un pacto entre Comunidad, Ayuntamiento y líder político consistente en intercambio de, digamos, intereses político-urbanísticos.
La verdad es que en la costa española los fiscales debieran investigar, por costumbre, a todos los partidos independientes, tan abundantes, pero en el caso de Aguilas el partido al que nos referimos, el MIRA (Movimiento Independiente Renovador Aguileño), presenta una historia especialmente interesante: procede de otro partido, llamado CEDI, cuyo líder Genaro Molina ha acabado prófugo de la Justicia, y ha sido liderado por un empresario agrícola local, Alfonso García Zapata, que ya enriquecido decidió entrar en el negocio urbanístico consiguiendo, finalmente, el pelotazo del aprovechamiento arriba señalado en la promoción llamada Isla del Fraile; una vez conseguido ese pelotazo, generosamente concedido por quienes tenían necesidad de sus votos para gobernar, abandona la política y vende ese suelo de oro a otros sin vínculo alguno con la historia anterior. Como era de esperar, el MIRA ha cerrado su local una vez conseguido el pelotazo.
¿Aquí paz y después gloria? El episodio es típicamente irregular y escandaloso y hay que recordar que concejales de la oposición en Aguilas se han acostumbrado a escuchar, como respuesta del alcalde cuando le señalan irregularidades y abusos evidentes, que «si tenéis algo que decir, id al Juzgado» (y así lo recogen las actas). El nuevo fiscal del TSJ de Murcia, de tan esperanzador talante, tiene en Aguilas tarea para larga y minuciosa investigación.
De la Fiscalía de Lorca apenas se tiene referencia de sus intervenciones en los asuntos urbanísticos aguileños de interés general, y desde luego nada ha hecho respecto del asunto al que vengo aludiendo, el del pelotazo del ex alcalde y empresario García Zapata en circunstancias más que sospechosas. Y no será porque no han dispuesto -la Fiscalía, el fiscal- de información directa sobre el Ayuntamiento de Aguilas y sus mejunjes urbanísticos porque -se me olvidaba decirles- la responsable de Urbanismo (y de las recalificaciones) en el Ayuntamiento aguileño es desde el año 2000 la abogada doña Carmen Martínez Muñoz, hija de don José Martínez Blanco, fiscal de Lorca desde hace más de 20 años.

La sentencia exculpatoria del Tribunal Supremo se puede leer pinchando en este enlace.


 (Publicado en 'La Verdad' el 16 de junio de 2011)
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