Miguel Ángel Ruiz Parra. Informo sobre medio ambiente. También opino y creo que me mojo, pero prefiero aportar datos y documentos. Entre el campo y la redacción, siempre persiguiendo noticias. Soy jefe del área de Sociedad y Cultura de La Verdad.




La nueva Ley del Suelo, ¿otro ladrillazo?
( 7 Votos )
22.01.14 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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Huerto de frutales en la zona norte de Murcia. FOTO: FRAN MANZANERA

Imagino que sabéis que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio está haciendo una ronda de consultas entre alcaldes, colegios profesionales y otras entidades para revisar la Ley del Suelo. Quienes leísteis la información que publiqué en 'La Verdad' el domingo 12 conocéis además que la Comunidad Autónoma quiere aprovechar la actualización de la normativa para consolidar la polémica técnica del 'teletransporte' urbanístico. Por eso creo que es interesante que echéis un vistazo a los artículos que se publicaron este fin de semana en 'La Verdad', en el debate dominical de la sección de Opinión, y que el periódico solicitó al presidente de los promotores inmobiliarios y al vicedecano de los biólogos a raíz de la publicación de la noticia. Ahí van.

Que no nazca ya con canas (‘Tempus fugit’)

Por José Hernández Martínez (presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región)

'Tempus fugit’ y nosotros aquí, esperando. Ésta es la sensación que muchos tenemos cada vez que se habla de la nueva reforma de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. No me malinterpreten, la buena voluntad de la Administración sé que existe y la esperanza es lo último que se pierde, pero los años pasan y, como decía el poeta, «te llaman porvenir porque no vienes nunca».

La esperada reforma nace de una indiscutible necesidad, en la que todos los agentes sociales estamos de acuerdo, de agilizar y desburocratizar esto del urbanismo. Luego habrá matices, matices incluso acompañados de cierta polémica en los que entraré unas líneas más adelante, pero tardar tres años en aprobar el Plan General Municipal de Murcia y diez en aprobar inicialmente, ni siquiera poner en marcha, los planes generales de ordenación de Águilas, Alguazas y Mazarrón, no es de recibo. La visión y la estrategia (¿He dicho estrategia? Disculpen, se me habrá escapado) urbanística en la Región es actualmente una pérdida de tiempo, dinero y oportunidades para todos.

Si hago hincapié en el tiempo es porque los profesionales del sector presentamos un documento en 2011, a modo de conclusiones de la jornada ‘En la Diana’ en la que se habló del futuro del urbanismo y de su convivencia con el medio ambiente. Entre otras propuestas, se hablaba de que los planes generales de ordenación urbana tienen que ser concretos, claros y ágiles, garantizando un sistema de producción de suelo económico. También se hablaba de un modelo de ciudad compacta, que consuma la menor cantidad de suelo posible y que impida el «todo vale» al tiempo que permita actuaciones que sí aporten un valor añadido, sobre todo si guardan relación con el turismo.

También se pedía que se eliminara la escasa coordinación entre órganos como la Consejería de Urbanismo y la de Medio Ambiente, que no solo aumenta el papeleo sino también la incongruencia en sus criterios y conclusiones; y que se preservaran los espacios medioambientalmente protegidos, compensando a los propietarios cuyo suelo se proteja. Y todo fue en mayo del 2011, es decir, hace casi tres años.

Según un titular publicado en agosto de 2013, ‘La futura reforma de la Ley Regional del Suelo reducirá la burocracia para evitar la fuga de inversores’ (porque esa es otra consecuencia: si se marea a las empresas que eligen la Región para instalarse, se van a otra).  En esta noticia se decía que la Comunidad, en el plazo máximo de un año, iba a tener lista una nueva ley que apostará por la flexibilidad normativa. Ya han pasado seis meses desde aquello; a ver qué pasa dentro de otros seis.

En total, sumando y si todo sale bien, vamos a llegar a los cuatro años para empezar a andar. Pero hace tres años ya sabíamos lo que necesitábamos; ya se había detectado, se había debatido con la presencia de todos los grupos políticos y de asociaciones ecologistas y se había solicitado a la Administración. Vamos, que hace tres años ya teníamos hechos los deberes. A día de hoy, todo sigue igual.

Aun así, el debate sigue abierto y hace unos días veíamos de nuevo en la prensa la que parece una eterna lucha entre urbanismo y medio ambiente, entre promotores y ecologistas. Digo parece porque estoy convencido de que no tendría por qué ser así, ni mucho menos ser eterna; urbanismo y medio ambiente pueden y deben ser compatibles. El debate giraba en torno a qué hacer cuando una propiedad privada se convierte en espacio protegido y no se puede edificar en él. Desarrollo mi postura con un ejemplo: soy un ciudadano y tengo una propiedad en una zona de bosque que se ha protegido, por lo tanto, no puedo construir en ella. Mi parcela está vallada, por lo que no pueden disfrutar de ella ni senderistas, ni amigos de la Naturaleza, ni ornitólogos, ni biólogos, ni nadie. Ni la comunidad de vecinos ni yo mismo puedo hacer uso de ella; de hecho, ni siquiera tengo por qué querer o poder asumir el coste económico que en muchas ocasiones implica el mantenimiento de ciertas zonas. Entonces, ¿por qué no convertirla en un bien común? Al ser espacio protegido, pasa a ser propiedad pública, y en compensación, a mí, es decir, al propietario, se le ofrece un terreno en zona urbanizable.

Otra cosa es cómo se haga esa compensación y me gustaría dejar claro que para nada estoy defendiendo un exceso de edificabilidad que se vea justificado por la no construcción en zonas protegidas. ¿Se puede compensar mejor de lo que se ha hecho? Creo que sí. ¿Puede hacerse de forma más ordenada? Creo que también. Y defiendo que el resultado sería bueno para todos.

Todo esto no será posible sin una Ley Regional del Suelo valiente, que permita al sector trabajar bien, de forma ordenada y respetuosa con los espacios naturales. Porque una Ley Regional del Suelo que no esté a la altura de las problemáticas actuales seguirá suponiendo una barrera para que urbanismo y medio ambiente convivan.

Y mientras, esperamos. Y en la espera solo nos queda desear que la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia no nazca ya con canas. ‘Tempus fugit’.

En clave de sostenibilidad

Por Herminio Picazo (vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de la Región)

Sería muy positivo que el proceso que está poniendo en marcha la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio para reformar la legislación del suelo de la Región de Murcia condujera a la superación de algunos aspectos del urbanismo regional que más han podido contribuir en los últimos tiempos a tensionar nuestro territorio, generando tendencias y modelos de desarrollo insostenible y contribuyendo involuntariamente al escenario de crisis económica que en cierta forma trae causa en la generación, primero, y el estallido, después, de la burbuja de la construcción. El Colegio Oficial de Biólogos participa en esta discusión con la intención de ayudar al diseño de un futuro más sostenible, más seguro jurídicamente y más favorecedor de un desarrollo inteligente que equilibre economía, conservación ambiental y necesidades sociales.

El pasado mes de noviembre ya tuvimos la ocasión de hacer llegar a la Consejería algunas aportaciones acerca de las líneas básicas de la reforma propuesta. Entre otros aspectos, llamábamos la atención sobre la aparente consagración en la nueva ley de la práctica consistente en la posibilidad de la calificación  de suelos protegidos por sus valores naturales como Sistemas Generales de Espacios Libres generadores de aprovechamiento urbanístico y su posterior adscripción a sectores urbanizables, lo que popularmente se ha dado en llamar ‘teletransporte de edificabilidad’.  Creemos que esta técnica urbanística no se ajusta al concepto básico reflejado en la ley de que los suelos que albergan valores de  protección son, ‘per se’ e incontestablemente, suelos no urbanizables sometidos a las obligaciones de protección que la legislación y los instrumentos tanto de la ordenación del territorio como de los recursos naturales marcan para ellos. En este contexto, el otorgamiento de aprovechamiento urbanístico a los suelos protegidos es contradictorio con el hecho incuestionable de que no se trata de suelos ‘libres’ sino sujetos a las restricciones derivadas de su protección. Recientes y relevantes pronunciamientos de los tribunales han venido a avalar esta línea de pensamiento.

Otros aspectos que hemos tenido la oportunidad de sugerir se refieren a la necesidad de que los suelos que cuenten con valores ambientales deban de ser clasificados de forma obligada, reglada para el planificador urbanístico, como suelos no urbanizables de protección específica o protegidos por el planeamiento, tanto si el suelo está en el ámbito de aplicación de normas específicas de protección, como si, pese a no estarlo, concurren en él relevantes valores paisajísticos, agrícolas, forestales o ambientales. Recientemente hemos visto en nuestra región la roturación y desaparición de hábitats de especies protegidas situadas, contradictoriamente, en suelos urbanizables. De la misma forma no debería ser permisible la firma de convenios urbanísticos en suelos no urbanizables que cuenten con valores ambientales, sin que antes el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma haya realizado la supervisión que garantice la sostenibilidad del proceso y que ahorre innecesarias tensiones posteriores.

Tanto en este aspecto como en otros relacionados con la tramitación ambiental de los documentos urbanísticos, el mayor grado posible de seguridad jurídica y la mayor celeridad de los plazos es conveniente también para los legítimos intereses económicos y empresariales, porque nada bloquea más la tramitación del desarrollo de un suelo que el conflicto entre las intenciones urbanísticas y los requisitos ambientales.

También hemos sugerido que entre los nuevos planteamientos para la ley del suelo regional se tengan en consideración, entre otros aspectos, los relacionados con el paisaje, la gestión integrada de zonas costeras y la mejora de los estudios de impacto territorial. Asimismo, pensamos que se debería evitar que, mediante modificaciones puntuales sucesivas del planeamiento, se altere el modelo territorial de un plan general municipal de ordenación, ya que esto invalida el proceso de evaluación ambiental del plan. Indudablemente, otro aspecto de la legislación urbanística vigente relacionada con la conservación ambiental que creemos que no tiene ya ningún recorrido es la discutida y derogada por los tribunales Disposición Adicional Octava de la ley vigente, que venía en la práctica a reducir los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia, singularmente en el caso de la Marina de Cope, pero también en el de otros relevantes espacios protegidos murcianos.

En definitiva, pensamos que si la nueva ley del suelo regional atiende éstas y otras cuestiones, y si además lo hace escuchando y equilibrando todas las tendencias y opiniones, y no exclusivamente las que provengan de una lectura más economicista y de corto plazo del territorio, la nueva ley podrá resultar un instrumento útil para la Región de Murcia en clave de sostenibilidad.

Me gustaría conocer vuestra opinión.

Comentarios (6)Add Comment
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escrito por Fernando, enero 22, 2014
Me gustaría desde mi modesta opinión,aportar a este debate una reflexión personal.Siempre he creido y sigo haciéndolo que el desarrollo urbanístico,está irremediablemente asociado a la destrucción del medio ambiente y el paisaje.A ningún promotor le da por construir en zonas,sin ningún valor paisajístico o ambiental,todo lo contrario,cuando lo hacen y proyectan construcciones,van precisamente vinculadas al conjunto de valores naturales de éstas y es por ello que añade un gran valor añadido que les beneficiará económicamente.En un principio una sola construcción, no afea ni perturba el entorno,pero con el paso del tiempo,son otras muchas las que lo hacen y acaban terminando con los valores ambientales y paisajísticos de este mismo lugar,trasladandose sus intenciones constructivas a otro espacio protegido,precisamente por el agotamiento del anterior.
Resumiendo,esto es un ciclo que nos conduce irremediable y paulatinamente,a la destrucción sistematica del entorno.Alguien interesado en vender,urbanizaciones,chalets,o demás promociones urbanísticas u hotelereas,siempre pone el ojo,en playas salvajes,en ríos agrestes,colinas elevadas de gran valor paisajístico,etc.Solo el empeño de unos pocos por preservar un determinado espacio,es al final el único resorte para la conservación natural de ciertos lugares.El afán de enriquecimiento personal,no entiende de valores ecológicos,solo utiliza éstos en su propio beneficio,ha sido,es y será asi perse.Mucho tendrían que cambiar las cosas,para invertir esta deriva universal.
El ejemplo del que hablo se puede trasladar al espacio regional,nacional o mundial.En estos momentos cualquier zona del mundo está en peligro,por la explotación maderera,mineral,ambiental,paisajistica,etc.Desde la Amazonía hasta el Ártico,pasando por los parques naturales y reservas de la biosfera y sino echen un vistazo a su alrededor.
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escrito por pablo López Egea. Arquitecto de Guerao y López Arquitectura, enero 22, 2014
Pues me gustaría añadir alguna reflexión rápida que me surgió tras el terremoto de Lorca. Hasta el día de hoy el urbanismo no ha tenido en cuenta la capacidad de los suelos para "acoger" edificación. Hemos pensado que con la técnica podíamos ser capaces de superar cualquier deficiencia del terreno (en cuanto a su capacidad resistente) y esto nos ha hecho pasar por alto valores de rentabilidad económica, medioambiental y de seguridad.

Tenemos que entender e introducir en la legislación que no todos los suelos son aptos para edificar (técnicamente hablando) Este debe ser un nuevo factor a añadir al resto de valores que un Plan General asigna a los distintos tipos de suelo. En suelos con baja capacidad resistente se debe limitar, ya desde el planeamiento, la tipología de la edificación que se pueda desarrollar en el mismo, a menor capacidad resistente menor altura de edificación y viceversa, con una capacidad resistente muy baja o nula pues no es apto para edificar (pero sí para acoger otros usos, espacios verdes, deportivos sin edificación....)

Esto que a priori supone un estudio geológico mayor y un conocimiento concreto del terreno de un municipio,(solamente de las zonas urbanas o en previsión de serlo claro está), lleva consigo un ahorro económico en el posterior desarrollo edificatorio ya que el sistema de cimentación a emplear en el mismo está en sintonía con la naturaleza del terreno sobre el que se sustenta, garantizando a su vez un comportamiento óptimo desde el punto del vista de la Seguridad en caso de Sismo (edificios bajos en terrenos con baja capacidad portante = menor solicitación sísmica = mejor comportamiento del edificio)

A su vez la densidad de la edificación sería proporcional a la capacidad resistente del terreno, zonas más pobladas las que mejor terreno tengan, zonas menos pobladas las de peor, es decir, se produciría una ocupación racional del territorio.

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escrito por M. A. Ruiz, enero 22, 2014

Hola Pablo, muchas gracias por tu reflexión, de lo más interesante.

Saludos.
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escrito por Navarro, enero 25, 2014
Cuando estaban con el plan urbanístico de Cartagena, siempre me decían los funcionarios que yo no podía urbanizar por directrices europeas. Pero que mi vecino si, por que lo permitían. Yo pensaba que esas directrices son extrañas. Hoy circulaba yo a 180 km hora por una autovía europea, anoche estaba en un bar tomándome unas cañas, fumando y comiendo, como se hacia en España en tiempos de dictaduras. Y pensado, que cosa mas rara esto de las directrices europeas de obligado cumplimiento. Estas cosas que hacia son horribles delitos en un país liberal y progresista como España, y legales en países, menos liberales, dictaduras serán digo yo. Pero las directrices son las mismas, el riesgo para la vida de uno y de los demás es el mismo. Entonces, el agente europeo, por que no multa en esa parte de europa. Y al final he llegado a una conclusión, por que somos mas pobres de lo que tendríamos que ser, por que el señor agente de los civiles o la policía local nos trata como a tontos. Y es por que somos los tontos de europa. Somos tontos. Di en Alemania que no pueden hacer casas encima de un monte, que no pueden cortar un hayedo, que no pueden hacer tantas cosas que hacen, y que les permiten mantener un nivel de vida. Os imagináis la respuesta de Angela Merkel. Pues lo mismo digo yo.
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escrito por Ciudadano español y europeo, febrero 15, 2014
Si es de todos, debe prevalecer la opinión, pero sobretodo el interés de todos, incluso las generaciones posteriores.
Las prisas y el negocio no lo son todo en la vida.
Según la constitución española, y estamos en España, los gobernantes deben hacer prevalecer el interés general, así como evitar la especulación urbanística.
Bastaría, pues, con que se cumpliese la ley.
Por otro lado, ¿ todavía no se han dado cuenta del mal que hicieron con la omnipresencia urbanística que aún siguen en sus 13?
Un poco de madurez y responsabilidad, por favor.
No corran tanto.
Las prisas no son buenas consejeras y una vez hecho el mal, es muy difícil o imposible de reparar el daño causado.
Más vale prevenir que curar.
Cúmplase la Constitución española, que es la norma jerárquicamente superior.
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escrito por Francisco, febrero 18, 2015
Por qué una ley del suelo que no ha sido debatida por los agentes sociales?
Por qué una ley del suelo que va a ser aprobada en el tiempo de descuento de la legislatura?
Por qué una ley del suelo que no conocen los ayuntamientos a fecha de hoy? (trabajo en uno)
La manera esta de hacer no va con los tiempos actuales de transparencia y consenso.

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